ENFRENTAR LA PROBLEMATICA AMBIENTAL IMPLICA CUMPLIR CON LA APLICACION DE LA LEY Y CONCRETAR CAMBIOS LEGISLATIVOS DE MANERA TRANSVERSAL

junio 26, 2009


¿Hay algo que celebrar en este Día Mundial de Medio Ambiente en el que México es sede?, siendo que no están sentadas las bases para lograr un estado de derecho en materia ambiental, por lo que difícilmente México podrá cumplir con los compromisos internacionales a corto plazo del Protocolo de Kyoto en el 2012, que servirían para cumplir en un mediano plazo con la reducción en 50% de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para el 2050. Son muchos los cambios que debieran estarse concretando para enfrentar la problemática ambiental en el país, y que ni siquiera se ha comenzado a trabajar de manera transversal con los programas de cada dependencia gubernamental.

El CEMDA, cuestiona la existencia de un estado de derecho en materia ambiental en el país; considerando como pendientes más graves, los siguientes:

· Dos de los frentes para atacar la problemática ambiental son las políticas públicas y el marco legal. En cuanto al primero, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), herramienta de política pública intersecretarial para la mitigación del cambio climático y que implica una revisión de los diferentes sectores en torno a su relación con el medio ambiente; no solo no ha salido después de un año de retraso para establecer la operación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, sino que cuando salga las metas y objetivos específicos, medibles y cuantificables de lo que México debiera hacer para contribuir a reducir sus emisiones de CO2, sólo serán aspiracionistas y el mismo Programa advierte no ser vinculante.

· En cuanto al segundo punto, el marco legal, en materia al acceso a la justicia ambiental, la protección del derecho constitucional de todas las personas a vivir en un medio ambiente adecuado sigue siendo una letra muerta, ya que la legislación, las instituciones y los procedimientos que tenemos para la defensa del medio ambiente son insuficientes, muchos de ellos no contienen mecanismos idóneos o no se respetan ni por las propias autoridades que deben hacerlo valer, o no los conocen y por ende tenemos malas interpretaciones de los jueces o de las autoridades que deben aplicar la letra de la ley. Al momento, no existe tutela efectiva de los derechos ambientales, lo que repercute en el deterioro indiscriminado de los recursos naturales, sin que las comunidades o individuos afectados puedan entrar en su defensa.

Por una parte, los actores involucrados en la defensa ambiental no están coordinados ni para el establecimiento de objetivos de una agenda a corto, mediano y largo plazo, una coordinación de la agenda a seguir, ni para las estrategias legales hacia los objetivos que deberían estar planteados; ejemplo de esto es que México no cuenta con una sistematización de resoluciones o sentencias en materia ambiental –insumo necesario para diagnosticar el estado del acceso a la justicia de México. Por otro lado, la PROFEPA a más de 15 años de su creación no ha dado los resultados esperados de una verdadera fiscalización ambiental, respondiendo en muchas ocasiones a intereses políticos o empresariales que no respetan la ley ambiental ni la naturaleza; vale la pena analizar las fortalezas y debilidades de una institución como esta y ver qué rumbo debiera tener a futuro.

· La reciente aprobación de la Ley General de Turismo durante la situación de “emergencia” por la influencia y en fast track, la cual es en sí anticonstitucional al otorgar facultades de los municipios a los Estados, lo que se contrapone al Artículo 115 constitucional, fracción V; además de avalar a Fonatur a continuar rematando zonas costeras y de importancia biológica, y que no vincula la actividad turística con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero sí con el Banco de México.

· Asimismo, la aprobación de leyes que han comprometido la soberanía de México en los últimos años, como es la Ley para la Promoción y Desarrollo de Biocombustibles aprobada en fast track en febrero de 2008 y negociada desde Presidencia; la cual abre la puerta, mediante la creación de una comisión intersecretarial con Semarnat, Sener y Sagarpa, que regulará la producción de biocombustibles con un supuesto “maíz excedente”. Lo cual es muy subjetivo considerando que en México hay un déficit de producción de maíz para el alimento ya que más del 50% es importado, por lo que es un crimen para la soberanía alimentaria, además de no garantizar nada en términos de mitigación de emisiones.

· La falta de voluntad política de la Semarnat para realizar los cambios y adecuaciones necesarios al instrumento de política ambiental Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); que en su aplicación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) genera conflictos ambientales y sociales, al ser aprobadas obras, desarrollos o infraestructuras que pueden ir en contra de los intereses de la mayoría o del interés social.

· No obstante que contamos en México con el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable (CCNDS) y los Consejos Regionales, que son espacios de participación pública en materia ambiental para asesorar a SEMARNAT en temas de política ambiental, en la práctica este tipo de espacios no han servido para nada, no se da seguimiento a las recomendaciones que se hacen a la Secretaria y no se sabe que se cumple y que no de lo que se recomienda. Ante este, estos espacios de deben de reformular para que esta participación social sea realmente efectiva y tomada en cuenta.

· Llevamos años discutiendo la posibilidad de implementar en el país una “eco-etiqueta” (ecolabelling, en inglés) para que los consumidores puedan decidir qué productos consumir en función de su forma de producción o contenido, sin que hasta la fecha haya un acuerdo al respecto en buena medida porque hay intereses obscuros que se opnen a contar con este tipo de etiquetas.

· La falta de cumplimiento de PEMEX de su obligación en el calendario de introducción de combustibles limpios de la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2006 desde diciembre del 2007, que afecta la salud pública y al medio ambiente; ya que el cumplimiento ha sido parcial e insuficiente pues únicamente se ha entregado diesel UBA (ultra bajo azufre) a los sistemas de transporte público sustentable, Metrobús y Macrobús en el DF y Guadalajara respectivamente, Monterrey sigue sin recibir este combustible. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, diariamente se producen 19 muertes en nuestro país por causas agravadas por la contaminación del aire, esto significa 7 mil muertes anualmente y pérdidas millonarias derivadas del gasto en la atención médica que requieren las enfermedades cardiorespiratorias producidas por las partículas suspendidas contenidas en el azufre.

· La irresponsabilidad de las autoridades en la sobreexplotación de acuíferos y la urbanización sobre recargas de agua, que multiplica los problemas de la escasez de agua en diversas partes del país; en tanto que en la Cuenca del Valle de México la sobreexplotación de los acuíferos está por encima de 300%, según datos de la organización Guardianes de los Volcanes AC.

· Asimismo, el tema de las plantas de tratamiento de aguas es un pendiente enorme a nivel nacional. Hay casos como el de la Bahía de Zihuatanejo, solo por poner un ejemplo, donde por lo menos desde 1996 se descargan directamente a la bahía las aguas negras sin que nadie haga nada al respecto, con las implicaciones que esto puede llegar a tener tanto para el medio marino, como para la salud de las personas.

· La pérdida de 300 mil hectáreas al año de bosques y selvas en México, de las que depende nuestro futuro, de acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), y que “hasta hoy hemos perdido el 30% de los bosques y selvas del país sin que los programas gubernamentales logren frenar este problema”. Es necesario que el Pro-Árbol, que es supuestamente el programa prioritario para el presidente Calderón, sea redefinido, transparentado y que cumpla con las metas de reforestación que se tienen contempladas, pues ha quedado al descubierto que no ha dado los resultados esperados, que se han plantado especies donde no se dan, que las cifras no coinciden y que no es claro el manejo de los dineros.

· El enorme rezago en cuanto a confinamientos para la disposición final de residuos peligrosos. A la fecha sólo opera uno en todo el país, que se ubica en Mina, Nuevo León. Desde la administración del presidente Zedillo ha habido diversos intentos sin éxito para instalarlos en varios estados del país. ¿Cuál es la estrategia que seguirá la administración del presidente Calderón al respecto?

http://www.cemda.org.mx/artman2/publish/Noticias_30/Enfrentar_la_problem_tica_ambiental_implica_cumplir_con_la.php

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