LA NECESIDAD DE FORMACION JURIDICA AMBIENTAL

agosto 12, 2009


En el umbral del tercer milenio surgen y se plantean los más variados requerimientos en una sociedad cargada de situaciones complejas. La formación ambiental general, y jurídica en particular, es uno de los requerimientos a los que habrá que responder adecuadamente en los próximos años si se pretende alcanzar un desarrollo sostenible y sólido. La relación del ser humano con su entorno ha ido variando, y los efectos que producen sus distintas actividades son cada vez más intensos. Han aumentado las cantidades, las composiciones de los productos, los procesos industriales, la incidencia humana. Estos impactos debilitan los ecosistemas y alteran el regular desarrollo de las especies animales y vegetales que en ellos habitan. Consecuentemente, la calidad de vida del ser humano se afecta de diferentes formas. La escala, complejidad, intensidad y continuidad de las afecciones, así como la urgencia para resolver las situaciones que se presentan, exige contar con profesionales formados que conozcan la realidad ambiental y sepan cuándo, cómo, dónde y por qué se debe aplicar una disposición jurídica de carácter ambiental. La ignorancia técnica y jurídica es un riesgo y deriva, casi siempre, en una afección directa a los recursos naturales. La comprensión de los problemas ambientales deviene de una formación completa, formación que facilita la percepción inmediata de la situación en sí misma y dentro del conjunto de interrelaciones que interactúan en la realidad. Percibir con inmediatez, captar la verdadera magnitud de las situaciones, saber cuál es la norma aplicable y cuáles son las correlativas y concordantes que también son de aplicación, sólo será posible si la formación es integral y se realiza sobre bases interdisciplinarias. Porque si bien los problemas ambientales son una interacción básica que conjuga esencialmente recursos naturales y población, la problemática jurídica va mucho más allá. Se enlaza, además, la dimensión social, cultural, política, económica… Vínculos que no se perciben fácilmente si no se cuenta con suficiente caudal de conocimientos. Por eso la formación ambiental general, y jurídico ambiental en particular, debe tener necesariamente un enfoque interdisciplinario. En este aspecto, urge un cambio en las actuales estructuras y metodologías. La materia jurídico ambiental debe basarse en programas integrales en los que se conjuguen, con facilidad de aprendizaje, los aspectos técnicos y jurídicos puros en la teoría y en la práctica. Para interpretar las disposiciones jurídicas que regulan las aguas, los suelos, la atmósfera, la flora, la fauna, los riesgos ambientales… es requisito previo indispensable conocer y aprender una serie de temas que integran el capítulo de los aspectos técnicos. Así pues, no deben tenerse por extraños términos tales como clorofluorocarbonos, biodiversidad, mejor tecnología disponible, lixiviados, contaminación, degradación; y, naturalmente, es obligado saber distinguir entre vertido y efluente, inmisión y emisión, prevención y precaución, evaluación del impacto ambiental y estudio de impacto ambiental… La formación integral facilita enormemente una correcta gestión ambiental y puede garantizar resultados óptimos. De esta manera, se estará en condiciones adecuadas para desentrañar el sentido y alcance de las normas ambientales y aplicarlas a los casos concretos. Porque abogados, magistrados, jueces y funcionarios tienen el deber de comprender un cúmulo de aspectos técnicos que la propia naturaleza de los problemas ambientales exigirá que conozcan al momento de interpretar y aplicar el entramado normativo, y para que sepan resolver prudentemente los conflictos jurídico ambientales, sin dejar lugar ni paso a la ignorancia, desconocimiento o riesgo. Se precisa contar con una preparación profesional adecuada de quienes gestionan, proponen y, en definitiva, deciden sobre los recursos naturales. El abogado que tenga formación ambiental plena, y se especialice en un área determinada, estará en condiciones de redactar leyes, defender causas, ser fiscal, juez, mediador, consultor… La formación ambiental, para ser completa, necesita nutrirse de conocimientos tales que faciliten rápidamente el encuentro de la solución óptima, o la menos impactante desde el punto de vista ambiental. El enfoque de la enseñanza jurídico ambiental debe partir de esquemas interdisciplinarios y orientarse hacia las soluciones más apropiadas para la protección de los recursos naturales. Las disposiciones jurídico ambientales son una importante herramienta al servicio de la protección de los recursos naturales. Sin embargo, si no se conocen -o conociéndolas se ignora el enlace legal con otras normas también aplicables- el instrumento jurídico habrá desvanecido su fuerza y así, debilitado, será incapaz de servir a la protección del ambiente. El conocimiento ambiental exige abarcar con amplitud un cúmulo de aspectos que va desde la apreciación y descripción de las características particulares de cada ecosistema –con la correspondiente carga de terminología y conceptos jurídicos y técnicos-, hasta la valoración de la alternativa más correcta en una actuación específica, o el diseño de políticas ambientales, o la opción por una alternativa u otra, o la adopción de una decisión clave. II. Necesidad de formación jurídica ambiental Las universidades, como grandes centros de conocimientos y contactos con otros institutos, deberían aprovechar elimportante potencial del que disponen para poner en marcha, de forma responsable y seria, la incorporación de la variable ambiental en las diferentes asignaturas. Esto significa mejorar métodos, ampliar contenidos, planificar en función de las nuevas realidades, y actualizar los programas universitarios -adaptando a los avances científicos planes y proyectos-, completar la formación del propio claustro en cada centro, y efectivizar el factor interdisciplinario, favoreciendo el enlace de la materia ambiental dentro de cada rama científica y jurídica. Específicamente, la formación en legislación y en Derecho ambiental es imprescindible para que los abogados estén capacitados y sepan dirimir controversias, prevenir riesgos ambientales, reprimir cuando sea necesario, compensar si es posible, hacer efectivos los mandatos constitucionales del deber-derecho a un ambiente digno, alcanzar, en definitiva, el desarrollo sostenible. Desde el conocimiento conjunto de diferentes materias, todas enlazadas, el profesional del Derecho formado en esta disciplina no dudará en relacionar con inmediatez cualquier situación ambiental al conjunto de nexos que con ella se vinculan. El nexo científico surge de modo vertical, vertebrando las relaciones de la ciencia del Derecho con sus pares científicas. Existe también un vínculo más directo, relación que se establece de forma horizontal, permitiendo las recíprocas influencias sectoriales dentro de un mismo estamento científico. Así pues, la ciencia del Derecho enlaza con la agronomía, medicina, física, química, biología, arquitectura, geología, sociología, historia, ingeniería, economía, ciencias de la información…; y también se vincula con sus pares jurídicas, con el Derecho civil, administrativo, penal, agrario, forestal, minero, fiscal, laboral, marítimo, aeronáutico, espacial… La necesaria globalidad en la percepción ambiental de los diferentes casos está dada conforme sea el grado de capacitación adquirida. Por ello, cuanto mayor sea la formación general tanto mejor serán los rendimientos que se obtengan. Es decir, en tanto y en cuanto mejor prepare el abogado su especialización jurídica en relación a los recursos naturales, la alta calidad redundará en la excelencia de sus resultados. La especialización en legislación y en Derecho ambiental brinda una preparación especial por la propia esencia de la materia que incluye, prácticamente, todos los aspectos de la vida. Es la propia necesidad de establecer políticas, planes, programas, y proyectos ambientales, que regulen adecuadamente el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la que alienta los cambios básicos en las estructuras jurídicas administrativas y universitarias. Así pues, las constituciones de casi todos los países han incorporado progresivamente la preocupación por el cuidado de los recursos naturales. Ha surgido una proliferación de normas jurídico ambientales -en ocasiones de caótica y confusa redacción- que es necesario interpretar con corrección para aplicar adecuadamente. Se requieren pues, abogados formados en esta materia, abogados que tengan la globalidad de la problemática ambiental, que no les suponga un esfuerzo el enlace interdisciplinario y que, en definitiva, sepan resolver las situaciones jurídicas en relación al ambiente tal y como se resuelven en el marco del Derecho tradicional. La disciplina jurídico ambiental incorpora nuevas técnicas, procedimientos distintos, intereses especialmente contrapuestos. Tiende a consolidar un perfil diferente de abogados, magistrados, jueces, consultores, conocedores de una realidad integral en la que se conjugan -de forma permanente e indisoluble- aspectos teóricos y prácticos, técnicos y jurídicos, preventivos y represivos. Quienes pretendan trabajar en esta materia deberán asumir previamente el imprescindible enlace científico y jurídico de la disciplina, así como saber que deberán integrar un caudal de conocimientos que va más allá del Derecho tradicional mencionado. Los contenidos y metodologías utilizadas en el desarrollo de las clases, deberán ser adecuadas para los temas que se traten en cada capítulo ambiental. En la formación ambiental los métodos habituales aplicados al desarrollo de las asignaturas “tradicionales” no satisfacen las exigencias de la disciplina ambiental. Es necesario aceptar que esta materia es diferente, y de ahí, asumir que precisa cumplir con un cúmulo de exigencias no siempre fáciles de alcanzar. La carencia en cuanto a la aplicabilidad de métodos se debe a que la singularidad de la ciencia ambiental en sentido amplio, y jurídico ambiental: 1. Requiere un enfoque diferente que, lejos de ocultar las infinitas relaciones existentes, las ponga en evidencia. 2. Exige conocimientos profundos, tanto técnicos como jurídicos, teóricos como prácticos. 3. Necesita una auténtica y permanente vocación interdisciplinaria en el tratamiento de todos los temas. 4. Demanda profesores con plena formación interdisciplinaria, que actualicen permanentemente sus conocimientos. 5. Obliga a contar con métodos, estructuras, organización, y planificación absolutamente coordinada. 6. Reclama soluciones concretas para cada situación ambiental, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. Por tanto y en síntesis es determinante conciliar una serie de aspectos vertebrales: En ningún caso se alejará de la interdisciplinariedad y del permanente enlace entre ciencias y ramas jurídicas. El nexo científico y jurídico es básico, y aprehender esta realidad es fundamental. La formación basada sobre pilares múltiples de conocimiento es compleja y no siempre fácil de alcanzar. Sin embargo, se deben realizar todos los esfuerzos -metodológicos, didácticos, pedagógicos- para que el profesional especialista en la temática ambiental -técnica y jurídica- tenga la solidez necesaria de conocimientos múltiples y, en consecuencia, sea capaz de enfrentarse a los problemas y resolverlos con responsabilidad y seguridad. En ocasiones la falta de organización en las instituciones que imparten estudios superiores, la carencia de profesionales capacitados para impartir asignaturas ambientales, la escasez de recursos técnicos y económicos, entorpece una formación completa. En materia ambiental esta situación se agrava, no sólo porque tales deficiencias retrasan la enseñanza plena, sino además, porque esa demora posterga llenar el vacío que existe en relación a profesionales que conozcan realmente esta temática. Existen diferentes niveles de administraciones públicas que necesitan personal formado en esta materia; incluso los rangos superiores, que tienen la responsabilidad de adoptar decisiones, carecen a veces de la adecuada formación técnica y jurídico ambiental. Todo esto repercute, desde luego, en la necesaria protección del ambiente y conservación del conjunto de recursos naturales. Es, en definitiva, una gestión equívoca (o mala gestión) de la enseñanza ambiental. Esto, además de afectar directamente a los recursos naturales -por carecer de formación adecuada que permita su correcta gestión- propicia el pulular de numerosas personas que, alejadas de una adecuada formación ambiental, corrompen la disciplina haciendo de ésta un bastión puramente comercial, una mercancía extraña que desconoce métodos y didáctica, una mezcla informe de interpretaciones y conclusiones erróneas, que malogran la esencia misma de la enseñanza y deteriora la inquietud inicial de quienes quieren aprender. Son los “mercaderes ambientales” -personas físicas o jurídicas- que asumen la variable ambiental careciendo de los fundamentos de la ciencia ambiental global y jurídica ambiental específicamente. Esto al par de malograr la labor científica y docente, debilita la disciplina ambiental y, lo que es aún más lamentable, decepciona profundamente a quienes tienen verdadera vocación por aprender. En definitiva, degrada la disciplina ambiental y desvía el interés inicial del destinatario. Esta situación existe, en parte, porque instituciones superiores no han asumido plenamente la responsabilidad de incorporar la dimensión jurídico ambiental en sus programas, ofreciendo claustros de calidad, concibiendo programas que no se basen en sucesión de temas sino en coherencia de temas, planificando clases específicas y estableciendo métodos adecuados para la disciplina ambiental con enfoque jurídico. Esto debe reorientarse hacia el logro de un objetivo determinado: formar científicamente en ciencia jurídico ambiental. Formar a futuros formadores está en manos de instituciones oficiales, de colegios profesionales, de organismos que respalden la instrucción que se imparte y los títulos que se expiden. La necesaria incorporación de los aspectos jurídico ambientales puede y debe adaptarse a las distintas realidades, ajustando los programas a las diferentes exigencias en contenidos y carga horaria. Así pues, asumida la gran responsabilidad por los agentes implicados (universidades, colegios profesionales, centros de investigación), es posible aproximar tipos o categorías de formación jurídica ambiental. Los conceptos deben ser transmitidos con gran claridad, didáctica y pedagogía, para poder ser asimilados de forma adecuada. Es fundamental fomentar y favorecer el desarrollo de la actitud cooperativa, para ser capaces de trabajar en equipo. Los modos de impartir la formación ambiental con perspectiva jurídica pueden variar dependiendo de varios factores. El desarrollo de temas generales demandará sesiones de contenidos introductorios; si se pretende una formación más específica, las sesiones deberán ser concretas y especialmente definidas. En ambos casos, generales o específicos, debe atenderse al factor interdisciplinario, base de toda formación ambiental. Además, debe atenderse a la duración de las actividades y distribución de días y horas, cuando se trate de actividades generales o monográficas. Es importante, asimismo, considerar y valorar algunos aislados esfuerzos que se están realizando para introducir la disciplina ambiental en las áreas jurídicas. Los progresos son lentos; quizás demasiado lentos, parsimoniosos y burocráticos. Sin embargo, esa experiencia tendrá que demostrar qué materias, temas generales y específicos, métodos, y organización es la más adecuada para una efectiva incorporación en universidades y centros de altos estudios, estimando lo más conveniente para cada grupo de participantes a fin de alcanzar una formación jurídica ambiental plena. Las actividades cuyo objetivo final es la formación ambiental deben extremar el cuidado en la selección del claustro de profesores. La variedad de temas que confluyen es particularmente diversa, y los especialistas en las diferentes áreas tienen la obligación de impartir sus clases con profundo conocimiento de los distintos aspectos en cada bloque temático, capacidad de enlace, fluidez de terminología específica, oratoria, actualización, y con la didáctica que requiere la materia ambiental, tan compleja y delicada como los propios sistemas naturales a los que hace referencia. Existen algunos programas de muy variado contenido -atractivos incluso- pero que están lejos de captar con globalidad y metodología las posibilidades de la materia ambiental. No es sencillo. Tampoco fácil. Por eso se debe imponer la cautela en el diseño de programas, de estrategias formativas, de selección del claustro de profesores. En esta materia confluyen todas las áreas del saber; cada cual desde su perspectiva se “instala” en lo ambiental. Las normas jurídico ambientales también. Las leyes ambientales, es decir, todas las disposiciones jurídicas que regulan la conducta humana en relación al aprovechamiento de los recursos naturales, también reciben la influencia de una serie de conceptos, técnicas, procedimientos especiales que el abogado, el especialista en legislación y en Derecho ambiental debe aprender. Si no se aprende, no se sabe. Si se carece de los conocimientos técnicos imprescindibles, necesarios para la verdadera interpretación de la norma jurídica que regula la cuestión ambiental, mal puede esperarse, entonces, una gestión correcta de los recursos naturales. Una interpretación equívoca (desconocimiento de cuestiones técnicas básicas, de terminología específica) puede conllevar la decisión errónea que, lejos de proteger el ambiente, lo afecte. Los conocimientos, jurídicos y técnicos, se deben planificar y estructurar progresivamente a través de una serie de ejercicios de generalización, de comparación, y de adaptación y aplicación a otras áreas no jurídicas. Por ejemplo, el concepto de cadena alimentaria se puede captar mediante la comparación de diferentes casos. Adaptado a la realidad jurídica, el enlace normativo sobre un mismo aspecto también puede abordarse desde la comparación: legislación sobre contaminación de aguas, necesariamente se deberá conocer el entramado legal general (aguas marinas y continentales, superficiales y subterráneas) y particular (concordantes de la legislación minera, sobre hidrocarburos, industria química, energética…). Si se trata de resolver alguna cuestión jurídica relativa a la gestión de residuos, se abordará también la solución desde la biología (salud e higiene), sociología (mano de obra), economía (costes de recuperación). Además, se deben conjugar los aspectos teóricos con los prácticos. No es posible poner en práctica lo que no se ha conocido previamente. Si la base teórica es débil, en la práctica la resolución de casos concretos, será frágil. Ignorante aquél que piense y crea que esta disciplina se estudia en un par de cursos. Como tampoco de un día para otro. Se han de conocer procedimientos, prácticas empresariales, estadísticas de mercado, estrategias fiscales, movimiento poblacional, crecimiento demográfico, causas de erosión, principios, responsabilidades, sanciones, penas, multas… Es importante aceptar que la materia ambiental demanda gran aptitud de aprehensión teórica y especial capacidad de aplicación concreta en la práctica. La inmediatez en la captación del problema ambiental es determinante. Esta percepción se nutre de teoría y de práctica. La materia jurídico ambiental es diferente. No es más importante ni menos trascendente que otras disciplinas. Lleva intrínseca la voluntad de colaboración al hacer partícipes y participar en y con otras ramas científicas y jurídicas. Es demasiado delicada y, precisamente por tal característica, el abogado, el especialista en legislación y en Derecho ambiental, y todos quienes tengan la posibilidad de participar y trabajar de alguna manera en esta disciplina, tienen la extraordinaria responsabilidad de hacerlo bien, con destreza, con maestría, con seguridad y excelencia. El especialista en esta materia debe saber “navegar” por “mares” de leyes, principios, sanciones, y tendrá la habilidad de realizar las conexiones normativas precisas para cada caso. El profesional plenamente formado en el área jurídico ambiental contará con un bagaje intelectual particular, con un caudal de conocimientos que no se agota y que hay que alimentar permanentemente. Deviene, por tanto, la actualización de la información recibida. Ponerse al día en cuestión de leyes, competencias, datos, estadísticas, procedimientos, sentencias… Renovar el arcón bibliográfico, renovarse de forma permanente y en todos los bloques temáticos que confluyen en la dimensión ambiental, demanda un gran esfuerzo. En la disciplina jurídico ambiental se conjugan temas diferentes (aguas, suelos, atmósfera, flora, fauna, espacios naturales, riesgos, impacto ambiental, ordenación del territorio, planificación, urbanismo…), también distintos niveles competenciales (internacional, europeo, comunitario, autonómico, local), desiguales intereses (ambientales, económicos, culturales, políticos, sociales…), variados agentes implicados (industriales, ecologistas, consumidores…). Todo, en conjunto, debe ser captado por el especialista en legislación y en Derecho ambiental en el momento de enfrentarse a cada caso concreto. La inmediatez y aprehensión integral del problema planteado evitará crear situaciones de incertidumbre -se alejará el riesgo- y podrá garantizarse el éxito de los resultados. Esta capacidad se tiene una vez que se conocen y valoran las numerosas relaciones existentes entre los ecosistemas, y se sabe cúal es la norma jurídica ambiental aplicable. Esa conjunción de conocimientos técnicos y jurídicos provee al abogado de la herramienta más eficaz que permitirá abordar y dar solución a los problemas ambientales. Es esa capacidad integral la que brinda la solvencia intelectual necesaria para realizar asesoramiento a empresas, dar respuestas a industriales, resolver los casos en el ámbito de la justicia. Es conveniente formar una nueva generación de profesores, profesionales capacitados desde de la interdisciplinariedad que enseñen legislación, jurisprudencia y Derecho ambiental con la seguridad que respalda un enfoque comprensivo de la realidad. Esta estrategia conducirá a la solución de problemas ambientales, minimizándose el margen de duda o riesgo en el momento de la adopción de decisiones. El estudio de la vertiente jurídico ambiental requiere la integración de múltiples disciplinas en los programas de estudio. En algunos casos la intervención de una disciplina puede no ser necesaria -depende de las realidades-, no obstante, en otros puede que sea la protagonista. Los distintos enfoques deben combinarse, sin embargo no es conveniente que cada materia pierda su particularidad que la hace singular. Cada materia puede mantener un enfoque riguroso pero, a ser posible, deberá tender a ser no rígido. Pero, además, exige la participación activa de todos los destinatarios. Para alcanzar esa participación primero es necesario formar informando, proporcionando datos, conocimientos jurídicos y técnicos, y fomentar la capacidad de respuesta frente a las situaciones ambientales. III. De la teoría a la práctica La formación jurídica desde el campo ambiental debe, necesariamente, partir de aspectos teóricos conceptuales y terminológicos específicos sobre la base de programas multidisciplinarios integrados. Para estar en condiciones de participar activamente en las cuestiones jurídico ambientales, como consultor, asesor, profesor, abogado, juez, magistrado, fiscal es necesario tener: *algo que decir * voluntad de hacerlo * medios necesarios * información adecuada * conocimientos sólidos * profunda responsabilidad Es decir, hay que estar formado en la teoría para su aplicación en la práctica. Un auténtico proyecto de protección jurídica ambiental no será posible si no se capta integralmente la realidad natural en primera instancia y la normativa aplicable en segundo lugar. Ambos aspectos deben ir necesariamente juntos, adaptando el orden metodológico según sean las características del grupo receptor de tales conocimientos. Una vez que se aprende la práctica desde la teoría, es posible aplicar la teoría desde la práctica Teoría y práctica, didáctica y pedagogía bien aplicadas, preparan al profesional para que sea capaz de captar las realidades ambientales -jurídicas y naturales- y de demostrar la validez de sus observaciones, análisis legales, explicaciones, conclusiones, opción civil, penal o administrativa en la alternativa de solución escogida. El trabajo de consultoría jurídica ambiental debe partir de la identificación total del problema en la realidad, para saber cuál es o cuáles son las disposiciones aplicables. Por tanto, desde la teoría del caso (definición del problema ambiental, ámbito de actuación, organismos competentes, procesos industriales, sustancias que intervienen…) se pasará a la práctica (ley aplicable, nivel internacional, estatal, autonómico, local, análisis de las tecnologías, competencias administrativas…) para resolver el problema. Sería absurdo pretender abordar la resolución de problemas jurídico ambientales sin previamente conocer la teoría del conjunto de situaciones que convergen en cada situación. A través del conocimiento de los recursos naturales sobre el terreno es posible identificar las numerosas relaciones y vínculos existentes entre seres humanos y Naturaleza, nexos culturales, políticos, organizativos, afectivos, sociales, jurídicos… Los temas pueden ser generales o más específicos, y en ambos casos es necesario el previo desarrollo teórico seguido de la práctica. Por ejemplo, la visita a una planta depuradora, a una central hidroeléctrica o a un vertedero controlado de residuos puede desarrollarse en dos etapas claramente definidas: 1. Teoría: 1.1. Descripción de la instalación 1.2. Análisis de la situación actual, técnica y legal 1.3. Análisis de los posibles conflictos 1.4. Conocimiento de las repercusiones ambientales 1.5. Advertencia sobre riesgos ambientales 1.6. Diseño de alternativas 2. Práctica: 2.1. Desarrollo de estrategias de actuación 2.2. Implementación de un sistema de calidad 2.3. Presentación de alternativas de solución 2.4. Posible evolución si no se actuase preventivamente 2.5. Legislación aplicable 2.6. Descripción de los derechos y obligaciones 2.7. Elección de la alternativa 2.8. Posibles responsabilidades (civil, penal, administrativa) Teoría y práctica no pueden separarse. Las prácticas jurídicas pueden consistir en desarrollo de juicios, redacción de una declaración de impacto ambiental, informes jurídicos sobre alguna ley, respuestas a consultas… La resolución concreta (práctica) de problemas se puede abordar siguiendo un esquema guía: 1. Identificación de la situación 2. Planteamiento de la problemática 3. Análisis de los diferentes problemas derivados 4. Búsqueda de distintos tipos de soluciones 5. Evaluación y opción por soluciones alternativas 6. Planificación de las actuaciones 7. Ejecución de las acciones En los casos de problemas urbanísticos, por ejemplo, es evidente la confluencia de disciplinas diversas: demografía, sociología, arquitectura, estética, psicología, ordenación y planificación territorial, Derecho… y es en estas situaciones donde surge con mayor claridad el indiscutible vínculo de la teoría y la práctica. Así pues, se requiere conocer un cúmulo de conceptos teóricos, estadísticos, técnicos, jurídicos… para discernir la fórmula más eficaz que propicie una ordenación urbanística racional. Lo mismo sucede si se trata, verbigracia, de alguna situación de contaminación en suelo, agua o atmósfera, es notoria la necesaria reunión de materias y especialistas en cada una de ellas: química, física, biología, geología, geografía, Derecho… siendo palpable la conjunción de teoría y práctica. Los conceptos teóricos básicos para la comprensión de la situación y la habilidad para desgajar la ley aplicable se enlaza con las posibles repercusiones sociales, culturales y económicas (bajada de precios, cierre de fábricas, aumento sustancial del paro…) que se derivan de la situación de contaminación. El abogado ambiental debe conocer la teoría y la práctica de la realidad jurídica que afecta a los recursos naturales, y tiene la obligación de saber y recordar que las aportaciones teóricas desde cada disciplina convergen para captar las diferentes facetas prácticas de cada fenómeno. El especialista en la materia, es decir, la persona que cuenta con sólidos conocimientos jurídico ambientales y con un amplio marco de referencia basado en la preparación continuada, es el que posee la teoría (vocabulario, instrumentos) de otras ciencias (biología, arquitectura, medicina, matemática, física, química… ), y la práctica del ejercicio diario de la profesión de abogado. IV. Formar al formador Existen numerosos problemas concernientes al entorno; puede decirse que, en parte, estos problemas se deben al hecho de que muy pocos profesionales están formados (preparados) para enfrentarse, abordar y resolver eficazmente problemas ambientales complejos y concretos. Como señaló Columela, es necesario saber, querer y poder; sin embargo el ser humano ha invertido imprudentemente esta progresión lógica, porque puede, pero no quiere, porque no sabe qué es lo que quiere. Tal vez, la formación tradicional sectorial y rígida ha propiciado una preparación pobre que impide a las personas saber afrontar la cambiante complejidad de la realidad. En efecto, los problemas ambientales son complejos, son difíciles de resolver y no hay suficientes profesionales capacitados para solucionarlos desde el trabajo en equipo, esto hace que los individuos claudiquen frente a las dificultades porque no saben integrar la diversidad de aspectos que confluyen para la adecuada solución de problemas ambientales. La ausencia de conocimientos y de enfoques adecuados dificultan la gestión técnica y limitan la protección jurídica de los recursos naturales. Ahora bien, ¿quién forma al formador?, ¿dónde se forma al formador?, ¿cómo se forma al formador? Este tema está directamente relacionado con las alternativas sugeridas en el punto IV. Es decir, el formador ¿deberá estar capacitado para dictar una asignatura cuatrimestral o anual sobre Iniciación a la legislación y al Derecho Ambiental?, o en su caso, ¿deberá capacitarse a los actuales profesores de los distintos Derechos para que conozcan y apliquen la vertiente ambiental dentro de su asignatura? En uno u otro caso, ante todo se ha de formar a quienes sean responsables de dictar esta compleja visión del Derecho, el Derecho Ambiental. En este aspecto quien sea decisor debe también contar con un mínimo de formación jurídico ambiental. Difícilmente comprenderá la variable quien no conozca la compleja realidad de esta disciplina, y comprendiéndola, obre en consecuencia. La formación jurídico ambiental requiere de esfuerzos especiales y, aunque la implementación de planes de capacitación puede variar de una a otra institución y de un país a otro, hay aspectos imprescindibles que son básicos: teoría junto a práctica, métodos preventivos, capacidad de captación global, didáctica y pedagogía, interdisciplinariedad. La necesidad de profesores especializados en los aspectos jurídicos de la variable ambiental, es decir la demanda de este tipo de expertos, existe tanto a nivel de países desarrollados como en desarrollo. Es un vacío que hay que llenar. Pero no con cualquier formación. No es posible leer un texto y “convertirse” en profesor o experto capacitado para impartir temas jurídico ambientales. Es más complejo y serio. En el Informe final de la Conferencia de Tbilisi (1977) se señala que “la formación de personal cualificado se considera una actividad prioritaria. Tanto en la formación inicial, como en la formación permanente del profesorado, tiene el propósito de conseguir que los profesionales de la enseñanza reglada, así como los organizadores de la enseñanza no reglada de jóvenes y adultos, personal administrativo y expertos en planificación educativa e investigadores conozcan los temas relacionados con el ambiente, así como las directrices pedagógicas y metodológicas.” Para alcanzar niveles adecuados de formación del abogado docente será imprescindible, como cuestión primera entre las más urgentes, convencer a los responsables de centros de estudios superiores de la necesidad de una formación sólida y completa en temas de legislación y Derecho ambiental. Lamentablemente existen muchos responsables de políticas y programas de formación, así como formadores de futuros formadores, que desconocen la necesidad de abordar y desarrollar estos temas con asignación de tiempo suficiente, metodologías y prácticas adecuadas, programas que ofrezcan la formación más completa para esta compleja vertiente del Derecho. El licenciado en Derecho, el abogado, el jurista que pretenda formar a formadores, deberá antes conocer de la variable ambiental en general, saber de los aspectos jurídicos particulares que confluyen en cada caso, apreciar las permanentes interrelaciones que existen en la realidad natural y jurídica. Deberá valorar las metodologías más adecuadas para conseguir el objetivo fijado, las estrategias a la hora de fijar metas… En fin, el docente jurídico ambiental debe dominar la materia que imparte, y ser competente en el análisis de los problemas ambientales, sabiendo determinar en cada caso los principios jurídicos y las leyes que están en juego; competente para la percepción de las posibles consecuencias que se derivarán de la aplicación de una ley u otra, o ambas; competente para predecir probables consecuencias ambientales de posibles soluciones alternativas. Un profesional formado en la vertiente jurídico ambiental tiene el deber de conocer e interpretar las leyes, la jurisprudencia, la bibliografía de referencia más útil para cada caso en particular; tiene el deber de saber transmitir y aplicar lo principales conceptos, procedimientos, técnicas, metodologías, análisis jurídicos. Sabrá, además, preparar los programas, planificar el desarrollo de los temas, actuar como asesor y formar futuros asesores. La dinámica propia del Derecho obliga, a quienes impartan legislación y Derecho ambiental, a actualizarse de forma continuada de modo que su preparación inicial se alimente permanentemente a través de la realización de cursos y seminarios de actualización jurídica. El profesor que aborde temas jurídico ambientales deberá tener claro que es prioridad reflejar y subrayar el aspecto interdisciplinario, el que sólo podrá asumir si cuenta con conocimiento general de los problemas ambientales, ecología básica, gestión de recursos naturales, técnicas de investigación, identificación y evaluación. Deberán dominar una variedad de técnicas, inventario, análisis, interpretación y evaluación de las leyes ambientales aplicables a cada caso concreto en función de las realidades locales. El abogado que ejerza la actividad docente deberá ser capaz de garantizar no sólo la adquisición de conocimientos del destinatario, sino también la transferencia de ese aprendizaje a la toma de decisiones. El formador debe poner en práctica una nueva metodología de enseñanza, un cambio sustancial de actitud en relación a la transmisión del conocimiento. Todo debe estar perfectamente articulado: planificación, programas, metodología, carga horaria para cada módulo y cada tema dentro del módulo. El profesor de la disciplina jurídico ambiental debe conocer profundamente los temas que imparte, saber responder a las inquietudes planteadas, tener experiencia práctica sobre la realidad y en trabajos de investigación, verdadero interés por la materia que dicta, capacidad de trabajo en equipo, alta disposición para el diálogo, y especial habilidad pedagógica y didáctica. El profesor durante el desarrollo de sus clases no solamente transmite conocimientos, también comunica actitudes, y éstas deben ser acordes a los comportamientos ambientales. El abogado, más allá de la valiosa labor que le cabe en la defensa de las personas y sus intereses, si pretende asumir un papel responsable y serio en materia ambiental, tendrá que formarse en esta disciplina respondiendo a los requerimientos de una sociedad que está demandando profesionales del Derecho que sepan atender las nuevas cuestiones estrechamente vinculadas al conjunto de recursos naturales. El especialista en materia jurídica ambiental no se forma inmediatamente. Necesita tiempo para su preparación, gran cantidad de información veraz, y un caudal de conocimientos científicos teóricos y prácticos suficientes que respalden el resultado final de sus trabajos. Un abogado responsable y adecuadamente formado jamás copiará leyes -las elaborará-, nunca desconocerá las realidades a las que se aplicarán las normas jurídico ambientales, y rechazará siempre el trabajo mediocre, fruto de la falta de preparación. El abogado con formación ambiental es requerido por diferentes instancias, públicas y privadas, nacionales e internacionales. Empresas, industrias, organismos, organizaciones, consultoras, colegios profesionales, centros de investigación, administraciones, ministerios, consejerías, jueces y fiscales incluso, necesitan de asesoramiento y actuación profesional especializada en esta disciplina. Por ello, el abogado ambientalista debe ser, ante todo, crisol aglutinador de aspectos diversos que confluyen en cada caso concreto. Los particulares conocimientos que tiene el abogado ambientalista favorece su situación de competitividad profesional, porque es requerida la participación de abogados con formación en legislación y en Derecho ambiental para el asesoramiento de despachos tradicionales que carecen de estos especialistas, o de grandes despachos que trabajan exclusivamente en esta disciplina, o recientes departamentos en empresas que necesitan contar con apoyo legal ambiental, o de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas van incorporando paulatinamente la variable ambiental, por eso necesitan contar con profesionales que conozcan en profundidad los temas que confluyen en el desarrollo de sus actividades. Las industrias en relación al uso de los recursos naturales tienen responsabilidades que les son propias, con respecto a la gestión adecuada de las repercusiones de sus actividades en el entorno. Tal responsabilidad exige que las empresas cuenten con equipos de profesionales formados para poder enfrentarse a posibles problemas jurídicos. De forma primordial las empresas necesitarán contar con un importante marco de referencia preventivo y corrector, para lo que precisarán de especialistas en las distintas áreas, incluida la jurídica. Especialistas que les asesoren y den respuestas adecuadas y concretas a sus problemas ambientales. Necesitarán conocer cuales son sus problemas reales -tanto presentes como futuros-, saber cómo enfrentarlos, valorar cuáles son las herramientas más eficaces para gestionarlos, prevenirlos o, en su caso, repararlos. Exigirán a estos especialistas que sepan sobre el conjunto de leyes y reglamentos, derechos y obligaciones, tipos de sanciones y multas, demandarán resultados óptimos, conclusiones positivas y soluciones provechosas. Las empresas necesitan cubrir todas sus áreas de riesgos, para esto precisan contar con profesionales que conozcan y definan los aspectos más vulnerables susceptibles de generar incertidumbres. El riesgo empresarial de una equívoca gestión ambiental inicia con estructuras deficientes, procedimientos inadecuados, carencia de política ambiental y, desde luego, falta de profesionales formados que sepan cómo enfrentarse a conflictos técnicos y jurídicos. La gran cantidad y diversidad de leyes sobre los diferentes sectores ambientales exige tener actualizado un conjunto de conocimientos. Por sólo citar el bloque temático residuos, saber sobre la clasificación legal implica, a su vez, conocer el complejo entramado normativo desde el nivel internacional -movimiento transfronterizo de residuos- al nacional, autonómico y local en cuanto a la gestión que corresponde a las autoridades municipales. Como también significa conocer sobre sistemas de gestión, manipulación, inspecciones y controles, sanciones, penas, multas, derechos, obligaciones, responsabilidades… El abogado ambientalista tiene en sus manos una formidable posibilidad de trabajo en equipo, en grupo interdisciplinario y tiene, además, la oportunidad de trabajar en una materia sustancialmente dinámica, compleja, delicada, apasionante, en la que convergen con fluidez y armonía los saberes de las distintas disciplinas. La especialidad del abogado ambientalista va mucho más allá de la tradicional formación jurídica, por eso hay que abordar la decisión de ejercer en legislación y Derecho ambiental desde la cautela científica m ás profunda.

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