El rápido desarrollo de nuevas regulaciones y criterios ambientales en México obliga a que las empresas consideren como una necesidad el contratar los servicios de abogados dedicados al ejercicio del derecho ambiental. Lejos de ser un servicio más, la asesoría legal ambiental se convierte cada día en algo prioritario y, lo central ahora, consiste en solucionar cualquier problema de contaminación.

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Estaba navegando por Internet y me tope con una nota en el Porvenir,  bastante interesante sobre la Globalizacion del Derecho Ambiental, la transcribire tal cual para que la lean:

Por: Rubén Marcelo Stefani, Viernes, 12 de Octubre de 2007
“Llegó la hora de ponernos a la altura de las circunstancias y proceder a impulsar la creación de un Tribunal de Medio Ambiente Internacional”. La contaminación del Medio Ambiente es un problema que, como tal debe ser enfrentado por los Estados a efectos de encontrarles una solución aceptable, definitiva y razonable.

Ahora bien, ¿cómo se están comportando los mismos al respecto ? Según mi percepción, las políticas implementadas a la fecha, dejan bastante que desear, pues no han tomado nota que la polución, cual una peste, degrada ríos, cordilleras, selvas, mares, que son todo uno, sin respetar ningún tipo de frontera. No obstante, aún se escuchan voces de importantes dirigentes, algunos con funciones ejecutivas, excusándose -¿escudándose?- en el criterio de la “soberanía nacional”. Como si el cambio climático no hubiese jaqueado ese criterio, exigiéndonos para YA la elaboración de tácticas, estrategias y acciones comunes.

Ningún Estado Nacional se encuentra en condiciones, “per se”, de combatir con éxito los fenómenos de por ejemplo; deforestación o desertificación que hoy día se producen como efecto directo del calentamiento global del planeta.

Si bien las relaciones internacionales se encuentran estructuradas en la teoría del poder por la que las fronteras nacionales son inviolables y la soberanía es absoluta, no se puede decir lo mismo de las consecuencias de políticas públicas incorrectamente ejecutadas, como las referidas al medio ambiente, cuyas consecuencias exceden el ámbito nacional y regional, hasta presentar implicancias globales. (1)

A título de ejemplo, y examinando las funciones que competen a los países miembros en la protección del medio ambiente, la Comunidad Económica Europea reconoce su responsabilidad particular en lo que hace al medio ambiente, tanto ante sus ciudadanos, como ante el mundo en forma más amplia. (2)

Como sustento de lo hasta ahora expuesto, deberemos recurrir a los principios del Derecho Ambiental, esto es:

El máximo aprovechamiento de los recursos naturales del sistema, se deberá encarar sin perder de vista la protección de las generaciones futuras, en un contexto de desarrollo sustentable.

Lo recomendable sería fijar, cual criterio rector, la ubicación del justo medio entre un piso que sería la conveniencia económica y, como frontera, el límite al uso abusivo de los recursos.

Los recursos se deberán aprovechar en forma interdependiente, múltiple y coordinada. Esto ultimo implica insertar el medio ambiente en el sistema económico y social como otro parámetro a ser considerado en las diversas etapas del proceso productivo y distributivo.

Se privilegiará la supremacía del interés publico de la sociedad por sobre el interés público del estado y del interés individual.

Se deberá respetar la inalterabilidad del recurso a raíz de su aprovechamiento.

La protección de los recursos naturales deberá estar garantizada por la vía del amparo ambiental.

Se establecerá el principio de intangibilidad del medio ambiente.

Sólo el respeto irrestricto de estos principios hará del planeta un hábitat adecuado para la vida, el crecimiento y el desarrollo de todos los hijos de la Tierra.

Ahora bien, como ejemplo de la falta de observancia de lo más arriba expuesto tomemos el caso de la República Oriental del Uruguay. Posee una superficie de 177.000 kilómetros cuadrados, una geografía suavemente ondulada y cuenta con más de 400 kilómetros de costa marina, por lo que se beneficia con los vientos que purifican permanentemente la atmósfera. Por último, este país no tuvo un gran desarrollo industrial ni sufrió los efectos de una explosión demográfica. Ahora bien, sus fronteras limitan con la República Argentina y la República Federativa del Brasil, países estos que si tienes diversos problemas ecológicos.

No obstante este cúmulo de circunstancias relatadas, en cierto sentido, favorables, en los últimos 10 años se viene produciendo un fenómeno de erosión de los suelos y de contaminación de las aguas, afectando la mayor parte del sistema fluvial y las playas, especialmente aquellas ubicadas en su capital, la ciudad de Montevideo y zonas adyacentes.

Es en esta bella ciudad, cuna del candombe y de su particular Carnaval, donde se registran niveles preocupantes de contaminación del aire y el lugar donde se registran tres áreas de problemas relacionados con el medio ambiente: la basura, las emisiones industriales y la contaminación de las aguas. (3)

La falta de planificación en el uso de los recursos naturales, la carencia de un criterio rector para el mejor y más racional aprovechamiento de los mismos, unidos a una ambición sin límites para ejercer el dominio sobre los ecosistemas han originado una degradación del medio ambiente que no conoce tiempos, fronteras ni posición social ni tiene antecedentes en la historia de la humanidad.

Tal como expresara José Carlos BARBOSA MOREIRA, (4) ” Pasajeros del mismo barco, los habitantes de este inquieto planeta, van progresivamente tomando conciencia clara de la alternativa esencial que deben afrontar: salvarse juntos o juntos naufragar.”

Cabe recordar que el espíritu idealista tiene la base en el proceso histórico, social, cultural y político por el que van pasando los pueblos, a semejanza del contexto, que en todo proceso se ha desarrollado desde la colonización de estas tierras hasta el presente. (5)

Desde el hogar, la escuela, las ONG´S, los medios de comunicación, las organizaciones religiosas y, fundamentalmente, desde la estructura de los Estados, se deberá inducir un cambio de conciencia en la humanidad, para afrontar las agresiones ambientales que la perjudican.

En el caso concreto de la disminución de la capa de ozono, como producto del recalentamiento global, amén del continuo monitoreo satelital de la misma, se deberá evaluar si la naturaleza no resulta autosuficiente para reparar el daño producido o si resulta más grave de lo previsto. Asimismo, resultará conveniente identificar las herramientas utilizadas por la naturaleza y las actividades humanas que coadyuven a reparar el daño causado a la atmósfera, a efectos de promoverlas. En tanto se deberá redefinir el concepto de sistema climático como “la totalidad de la atmósfera, hidrósfera, biósfera y geósfera y sus interacciones” y no limitarla, como hizo la Convención de Río a ” las emisiones de gases que producen efecto invernadero “(6).

Ahora bien, el deterioro de los términos de intercambio, tal como lo previera el economista argentino Dr. Raúl Prebisch en las postrimerías de la década del´50, y el honrar los severos compromisos financieros internacionales, hicieron que los países en desarrollo activaran su producción a expensas de la calidad de su ambiente. En tal sentido, ya en 1987 la entonces Primer Ministra de Noruega Gro Harlem BRUNDTLAND, en su informe “Nuestro futuro común”, recomendaba que los intercambios internacionales debían asegurar la preservación de los ecosistemas.

De allí que, organizaciones de defensa de derecho ambiental, en la actualidad, presionen ante el Banco Mundial y el F.M.I. para que su accionar no agrave una delicada situación ambiental en pos de recetas económicas y financieras que son impuestas a los países en desarrollo. (7).

Considero que, de la misma manera que fue globalizada la economía, y sin que los pueblos hayan sido consultados al respecto, en la mayoría de los casos, o, tal como se pretende universalizar la defensa de los derechos humanos, llegó la hora de ponernos a la altura de las circunstancias y proceder a impulsar la creación de un Tribunal de Medio Ambiente Internacional.

Esto no implica ideologizar el tema, uniformando nuestra manera de pensar, sino que basta con abrir los ojos a los diversos temas importantes de los problemas que están condicionando el desarrollo social y económico del planeta. Pero no debemos repetir la principal falencia de la Conferencia de Río, que cedió la iniciativa independiente y unilateral de gobiernos individuales.

Ya no es más aceptado que los Estados firmen convenciones y decidan por sí mismos aceptarlas o no. Es el modelo institucional de la protección del medio ambiente el que es deficiente y aún la acción de gobiernos individuales carece de una referencia uniforme creíble. (7).

Tal concepto, no colisiona con cuerpo constitucional o legal alguno, contribuyendo a una más eficaz administración de justicia y en tal sentido se debería presionar a los distintos poderes y demás autoridades de los estados para que encaren una iniciativa en tal sentido en los lugares de su competencia y en los foros internacionales.

El mencionado Tribunal podría contar con las siguientes acciones:

Deberán tener acceso todas las personas, de existencia física o ideal,

Actuará como última y doble instancia, ora preventiva ora punitiva y reparadora del cuidado del medio ambiente,

Constituiría el lugar adecuado para que, a través de resoluciones declarativas, exprese cual es la ley ambiental internacional existente,

El Tribunal aludido, podría también y ya en funciones legislativas, instrumentar un cuerpo legal ambiental internacional. Esto, referido a zonas especiales como aquellas que se encuentran fuera de la jurisdicción de los estados.

Obviamente que el Tribunal de Medio Ambiente Internacional, debería estar conformado por personalidades de reconocida trayectoria en la defensa del medio ambiente, de sólida formación académica, en tanto que su representación deberá ser igualitaria, de modo que los países ricos y aquellos en vías de desarrollo se encuentren en un plano de igualdad ante situaciones que los afectan en forma simétrica, o dicho en lenguaje más sencillo, se podría constituir en el primer y gran acto de justicia frente a la crónica desigualdad entre el Norte y el Sur.

El autor es abogado en Buenos Aires, Argentina.

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=166094


Las leyes para garantizar el qeuilibrio ambietal en el país, instrumento para combatir también los efectos del cambio climático

En la segunda mitad del siglo XX empezaron a tener fuerza en los rubros legislativo, administrativo y doctrinal de los temas relativos al medio ambiente, ante los estragos que fueron registrándose en diversas partes del mundo, como resultado del crecimiento demográfico, del desarrollo industrial, la destrucción y contaminación de los recursos naturales; sin perder de vista que dichos fenómenos negativos tienen precedentes anteriores como una consecuencia lógica del propio surgimiento y avance de las actividades industriales y comerciales.

Es indiscutible la necesidad del ser humano por evolucionar en su entorno social, buscando progreso y bienestar en lo individual y colectivo; y en esa búsqueda la historia de la humanidad, nos revela que se han logrado relevantes cambios, que vienen a caracterizar la esencia de sus distintas épocas; y en ellas, no ha sido extraño la degradación de los recursos naturales del medio ambiente; de tal manera que la destrucción de los ecosistemas ha sido uno de los más notables atentados para la supervivencia humana, que amenaza con su  propia destrucción, es por ello que se debe despertar la conciencia social ambientalista, desde el seno familiar, en la escuela, el trabajo, en las vías públicas para valorar en su justa dimensión la razón de ser de la humanidad, y lo que se quiere para las futuras generaciones.

Como resultado de esta toma de conciencia, la protección ambiental en México ha sido objeto de una evolución continua en las últimas décadas, con prioridades puestas en el saneamiento ambiental, con una estrategia hacia una interpretación más sistemática con señalamiento de medidas de prevención y control.

El papel de las autoridades ambientales es vigilar el actuar o no actuar de las personas físicas y morales; asimismo, su obligación consiste en regular dichas actuaciones por la vía legal y proceder, de ser el caso, a la imposición de sanciones administrativas o penales.

En México desde el año de 1988 entró en vigencia la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, reformada en el año de 1996, también la Ley Fundamental sienta las bases jurídicas de protección al ambiente, y además existen otras leyes generales que complementan a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otras, Ley Forestal, Ley General de Salud, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Vida Silvestre, Ley Agraria, etcétera, además los tratados internacionales suscritos por México.

Con lo expresado, ha queda demostrado que la evolución desencadena necesariamente adecuaciones al marco legal ambiental para no permitir que los índices de delincuencia ecológica aumenten; sin embargo, cada sociedad requiere una estructura legal acorde con su forma de vida, a sus actividades, a sus necesidades así también es elemental fijar sus limitaciones, es decir, que las actividades humanas no lesionen al medio ambiente. El cambio climático es producto de la irresponsabilidad de la humanidad, así es que además de ajustar constantemente el marco legal ambiental interno, también se tendrá que hacer de manera global mediante la firma de tratados internacionales bilaterales o multilaterales, pues el planeta tierra es de todos.


DERECHO AMBIENTAL

Es tan antiguo como la humanidad. En las comunidades primitivas ocupó un lugar principal. Pero, el progresivo dominio del hombre sobre la naturaleza le restó importancia, por eso es que el Derecho Ambiental es un derecho nuevo, en etapa de construcción.

 

PRIMERA ETAPA: LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO DE 1972.

1. El Principio de Igualdad: Reconoce que en materia ambiental todos los Estados son iguales en deberes y derechos.

2. El Principio del derecho al desarrollo sustentable: Señalando que hay un vínculo estrecho entre desarrollo económico y social y medio ambiente.

3. El Principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios: Establece que los Estados exploten sus recursos naturales libremente, cuidando el uso racional de los mismos.

4. El principio de No Interferencia: Implica la obligación de los Estados de no perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros Estados.

5. El Principio de responsabilidades compartidas: Obliga a los Estados a asumir su responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de otro Estado.

6. El Principio de Cooperación Internacional: Este principio debe guiar a los Estados en todas las actividades relacionadas al medio ambiente, teniendo en cuenta los intereses correspondientes de los demás Estados.

 

SEGUNDA ETAPA: SE FACULTA AL ESTADO A PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE.

 El derecho asumió una orientación administrativa y de dirección, en virtud de que legalmente se facultó al Estado para proteger el medio ambiente en el campo jurídico, a través de la protección de cada uno de los elementos naturales más relevantes. Los ordenamientos ilustran con claridad su razón de ser. Las leyes sobre aguas, flora, fauna, bosques, salud, obras públicas, y otras tienen un camino netamente ambientalista.

 

TERCERA ETAPA: LA CONCEPCIÓN SISTEMÁTICA.

La concepción sistemática del ambiente está transformando al derecho ambiental, hasta el punto de que por lo general han dado cause a la disciplina jurídica llamadas “Derecho Ambiental”, que en esencia encierra principios que tienen que ver con la protección al ambiente en su conjunto, y que se les ha dado en llamar “leyes marco”, se trata de disposiciones generales o fundamentales para estudiar y regular todos los elementos, factores o circunstancias que influyen en el medio ambiente, y que para el caso particular de nuestro país puedo citar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Y desde nuestra Ley Fundamental.

 


En la mitología griega, el número cien era utilizado con frecuencia para denotar infinidad o indeterminación. Tal es el caso de la famosa Hidra que Hércules derrotó en Lerna, cortando de un tajo su centenar de cabezas venenosas.

 En cambio, para los antiguos aztecas, cuando se enfrentaban a una cifra no determinable, utilizaban el número 400. Para ellos, sinónimo del infinito. Así, con el ave de más bello y variado canto en México, el Cenzontle, su nombre en náhuatl significa “pájaro de cuatrocientas voces”.

El Derecho Ambiental de todo el mundo y de cualquier sistema jurídico presenta, igualmente, un número indeterminado de rostros, de formas, de figuras y, desafortunadamente muchas veces de disfraces.

Si, existe un derecho ambiental bueno y eficaz, pero hay otro engañoso y falso. Estas son algunas de sus caras:

1. Es un derecho nuevo, emparentado con el conservacionismo, con la protección de los recursos naturales, con el derecho ecológico y, según muchos, hijo ilegítimo del derecho administrativo, que en muchas naciones se niega a reconocerlo.

2. Como muchas otras expresiones jurídicas, tenemos siempre un Derecho Ambiental internacional y otro nacional, ambos extremadamente ramificados y muy difícilmente sistematizables.

 3. Siempre genera conflictos de competencia, sea en regímenes centrales, federales, repúblicas, monarquías, parlamentos o con cualquier forma estatal.

4. Es un derecho que quiere ser preventivo, precautorio, indicativo, curativo o sancionatorio al mismo tiempo. Eso es imposible y por eso nuestro querido derecho ambiental siempre tiene cara de angustia y desesperación.

5. Siempre que hay necesidad de reparación del daño ambiental las sociedades o los gobiernos, buscan afanosos a este derecho.

6. Es imposible concebir o entender esta rama jurídica sin invocar a la presión y participación social.

7. De su romanticismo inicial, optimista y creativo nos dimos de bruces, de repente, con un derecho de aplicación muy cara, onerosa, complicada, lenta y farragosa.

8. No resultó un instrumento jurídico de los pequeños grupos o de los pequeños pueblos de la montaña o de la costa, sino el derecho estentóreo de las grandes concentraciones urbanas. Cada vez más un derecho metropolitano o de las megalópolis.

9. Es el derecho terco que quiere corregir o castigar los vicios de la modernidad, del consumismo, de la velocidad y del lucroteísmo.

10. En el fondo, no sabe si es aliado o contrincante del desarrollo económico o industrial y mira al hombre como un Prometeo encadenado por el riesgo tecnológico. Es el derecho que muchos declaran como el enemigo número uno de los demás derechos.

11. Es envidioso porque escucha que todos piden un desarrollo sostenible, pero nadie clama por un “derecho sostenible”. El hombre quiere dominar la naturaleza, el derecho ambiental exige que la naturaleza lo subordine.

12. Con frecuencia trata de faltarle al respeto a la libertad empresarial o al derecho a la propiedad privada, pretende limitar el libre tránsito, el comercio, la publicidad y la industria.

13. El humilde Derecho Ambiental acepta que se le utilice para declarar y custodiar Áreas Naturales Protegidas a pesar de que en muchos casos, lo que se protege realmente es el valor económico de intereses vecinos.

14. Se escuchan fuertes golpes en la puerta y voces que exigen que la globalización muestre, junto con el brazo fuerte del libre comercio, a un derecho ambiental capaz de derrumbar fronteras. Un derecho de la seguridad ambiental.

15. La mayor parte de la población del mundo, lo ignora, incluso un núcleo importante de los abogados o de los juzgadores y, un poco celoso y exigente nos reclama especialización y disciplina.

16. Ya todos sabemos que presume de ser multidisciplinario e interdisciplinario, puede ser, pero en todos los casos es escurridizo y ávido de nutrientes científicas.

17. Seducido por los nuevos conceptos como el de patrimonio genético, la tolerancia química, el techo cibernético o la nanotecnología jurídica, se olvida con frecuencia de sus abuelos del Derecho constitucional, sin los cuales no será nada.

18. Ave de mal agüero, su nombre aparece después de los desastres o de las catástrofes, si hay un tsunami en Asia, si hay un sismo en Pakistan, si hay un incendio en los bosques de California, si las inundaciones matan niños en México, si explota una fábrica en Bhopal, si se hacen explosiones nucleares en Chernovil o en Muroroa, si bombardean Irak o desaparece la selva amazónica, el derecho ambiental será invocado en todos los templos del saber y de la comunicación.

19. También cuando estamos en crisis ecológicas de dimensión planetaria, como el cambio climático, cierto o utópico, el daño en la capa de ozono o la extinción de las especies, los más sensibles e inteligentes le prenden veladoras al Derecho Ambiental.

20. Obliga a pensar, desnudos de prejuicios, si se ha derruido ya la barrera entre los derechos objetivos y los derechos subjetivos, entre lo principal y lo accesorio, entre el derecho público y el privado, entre el dominio público y la propiedad particular.

21. Intereses difusos, derechos de tercera generación, responsabilidades compartidas, son trucos intelectuales para eludir las exigencias de la ética.

22. Hay países atrasados como México, donde se le niega al ciudadano, el derecho humano elemental para ejercer la legitimación activa en la defensa ambiental. Es una vergüenza que la Suprema Corte y el Congreso de la Unión, han legitimado.

23. La verdad, es que no hay más que dos clases de Derecho Ambiental: El derecho ambiental democrático y participativo y el antidemocrático y excluyente.

24. La dispersión de nuestro derecho no puede aceptarse como argumento en contra. Hay derecho ambiental y lo habrá en todas las ramas jurídicas. A diferencia de los demás, el nuestro no tiene prisa. La naturaleza es aliada del tiempo.

 25. El Derecho Ambiental se articula en torno de un solo objetivo: La preservación del ambiente para satisfacer nuestras necesidades presentes y las de generaciones futuras, sin embargo, tiene dos grandes finalidades simultáneas: erradicar la pobreza social y coadyuvar a la generación de riqueza económica.

26. El nuestro es el derecho de la inteligencia. Es el derecho de la elevación humana. Es el derecho de la cultura que no acepta como fatal lo irreversible.

27. Quienes lo acusan de padecer raquitismo de eficiencia, son los mismos que la obstaculizan, la impiden o la sabotean. En muchas ocasiones son los propios gobiernos o los poderes legislativos, los que lo neutralizan.

28. Otra tensión lo amaga. Unos piden solución alternativa de conflictos, privatización de la justicia ambiental, mediación, conciliación, arbitraje, desjudicialización, mientras otros exigen, también a gritos el retorno de Leviatán.

 29. Cada día hay más juicios y más jueces ambientales, más leyes y más normas, más agencias, programas y ministerios, pero también cada día hay nuevas agresiones al medio ambiente, pero también es verdad que las instancias internacionales de la ONU y otras, carecen de recursos suficientes.

30. Nuestro derecho no alcanzará la madurez sin el amplio acceso a la información. La discrecionalidad es un visitante negativo en la aplicación de la ley.

31. Por todo esto, el nombre de Elizabeth Haub, está grabado en la historia viva y vibrante del Derecho Ambiental, en donde están los grandes nombres de Wolfgang Burhenne, del Internacional Council Of Environmental Law, de la Universidad Libre de Bruselas y de los integrantes del Consejo de Premiación, que me distinguieron con un honor que más que un reconocimiento a mi persona, debe entenderse dirigido a todos aquellos que antes, ahora y en el futuro, luchen para la recuperación ambiental del planeta con las armas formidables y dignas de la justicia, la razón, el derecho y la paz.

Para cualquier Asesoria y/o Consulta Juridica respecto del tema antes mencionado no dude en comunicarse a MAYANS & PERFECTO ABOGADOS

Tel/Fax 664 6830062

Tel. Cel. 044664 2940750

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Email.  mayansyperfecto@gmail.com ,   mayper@prodigy.net.mx 

Lic. Alejandra Perfecto Ruiz

Lic. Mario Alfonso Mayans Olachea

 

 

México es parte de numerosos tratados internacionales para la prevención de la contaminación, existen tratados  como los establecidos entre los años 1954 y 1990 los cuales establecen la no contaminación de las aguas del mar, especialmente como hábitat de aves acuáticas, el patrimonio mundial cultural y natural, el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres entre otros. Muchos de los avances de la legislación ambiental mexicana se deben, en buena parte, a la influencia de los tratados internacionales. México ha participado en tratados en los cuales  se ha buscado  la protección del medio marino y medio ambiente.

En nuestro país la experiencia ambiental se remonta al 23 de marzo de 1971, cuando se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.

México enfrenta  un grave problema por el  ritmo de explotación cada vez es más acelerado, el cual es urgente detener conocemos de la  difícil situación económica de  nuestro país. En México en 1996 se estableció una importante  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) donde  establece las facultades que le corresponden a los distintos niveles de gobierno, en  preservación, protección al ambiente y restauración del equilibrio ecológico para lo cual se creo  la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de índole del nivel de leyes del gobierno federal  la  ocupa un lugar muy importante para en la protección ambiental. También existen otras Leyes, códigos y reglamentos que deben ser respetados  para lograr la existencia de un medio ambiente adecuado. En nuestro país, debido a la aplicación de diferentes programas que buscan el equilibrio ecológico los gobiernos solo muestran interés y poder cuando llega el momento de asignar los recursos financieros a los distintos programas que solo quedan muchas veces en proyectos de gobiernos, otro de los problemas que enfrentamos  es la falta de organización administrativa entre las diferentes instituciones o agencias con jurisdicción en el manejo y control de los recursos naturales y el ambiente. Es por eso que todos,  tenemos responsabilidades, tanto a nivel nacional como internacional, tenemos que reforzar las  políticas actuales, para aumentar la conciencia respecto a la calidad del ambiente,  en todos sus rubros como el agua, el aire, en los residuos peligrosos, en la masa forestal, en la zona marítimo terrestre y ambientes costeros y en áreas naturales protegidas, así como también fomentar la participación de los ciudadanos mediante la educación ambiental y una amplia concientización, además de la aplicación del Marco jurídico ambiental vigente en México en una forma enérgica. Donde tenemos a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como “ley marco”. c) Legislación ambiental federal, estatal y municipal. d) Reglamentos y normas oficiales mexicanas. Y e) Tratados y convenciones internacionales en materia ambiental.

Gestión ambiental:

Se denomina gestión ambiental al conjunto de diligencias conducentes al manejo del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antro picas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo  los problemas ambientales. La gestión ambiental responde al cómo hay que hacer para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente.

Política ambiental:

La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la  vida humana y conseguir un desarrollo sostenido. Desde los años 70, con la  conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político autónomo cada vez más importante tanto a nivel regional y nacional como internacional. En los  gobiernos de muchos países hay un ministerio encargado de temas ambientales y se han creado partidos verdes y La definición de una política ambiental a nivel de empresas es un requisito de los sistemas de gestión medioambiental certificados como ISO 14001º EMAS.

Principios de la política ambiental

Aunque no existe un acuerdo general sobre los  principios de la política ambiental, hay algunas bases generalmente aceptadas.

Los principios del desarrollo sostenible,  El principio de responsabilidad, El principio de prevención,  El principio de sustitución que exige remplazar sustancias peligrosas por substitutos menos contaminantes,   El principio de el que contamina paga, El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política ambiental con otros departamentos y la política ambiental debe basarse siempre en los resultados de investigaciones científicas.

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Demanda CEMDA a Gobierno Mexicano la construcción de una base legal e institucional para la integración regional en materia de cambio climático.

Para publicación inmediata México, DF., 15 de agosto, 2 009

Ante la declaratoria de la V Cumbre de los Líderes de América del Norte sobre Cambio Climático y Energía Limpia, en la que participaron  los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá en la ciudad de Guadalajara, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) considera que la integración Norteamericana para la atención del cambio climático, sugiere una alternativa para la reducción de emisiones en la región, especialmente con la participación de uno de los países más contaminantes en el mundo como lo es Estados Unidos.

Para ello, es necesario que los países establezcan compromisos vinculantes para lograr el verdadero combate al cambio climático, buscando la creación de políticas públicas fortalecidas, en donde el fortalecimiento institucional y del marco legal deben ser prioritarios. En este sentido, no basta con una propuesta de Fondo para el financiamiento como la que ha hecho México a nivel internacional, ya que aunque el Fondo Verde podría traer recursos al país, es necesario que México presente una estructura fuerte ya no sólo para hacer frente a las demandas del cambio climático, sino también a las demandas que la integración regional va a traer para el país.

México debe crear y/o mejorar su marco legal e institucional en torno a sus principales sectores emisores como son el sector de generación de electricidad, de transporte y el sector forestal, además de que debe promover una fuerte colaboración en materia de adaptación. “Es necesario resaltar que los países participantes presentan grandes diferencias en sus estructuras organizacionales, legislativas, sociales, económicas y de todos los rubros, debido a la gran brecha de desarrollo que existe entre ellos, por lo que México tendrá que hacer un doble esfuerzo para no quedar rezagado y poco beneficiado como ha pasado en otras ocasiones”, comentó Tania Mijares directora del Programa Aire y Energía del CEMDA.

El desarrollo o creación de mecanismos encargados de dar tratamiento al tema tanto a nivel nacional, regional y/o multilateral son de vital importancia, debido a que el combate al cambio climático debe ser prioritario para todos los países del mundo, al tratarse de una de las amenazas más grandes que enfrenta la humanidad.

Por lo anterior, los retos ante el problema climático son muchos, pero en la medida en que los países estén preparados gubernamental y socialmente, es como podremos confrontarlos. “No debemos esperar a que Estados Unidos y Canadá dicten las reglas del juego y establezcan mecanismos para la satisfacción de sus intereses. Esta es una oportunidad para que México fortalezca su posición, y logré construir una estructura nacional para la atención del problema, que además de traer beneficios ambientales, podrá traer beneficios sociales y económicos”, comentó Gustavo Alanis Ortega, Presidente del CEMDA. Lo anterior, siempre y cuando se tenga los mecanismos adecuados para aprovechar los recursos que se puedan recibir en beneficio de todo el país, de lo contrario México podría ser víctima de los intereses extranjeros, como lo ha sido en otras ocasiones.

Por ello, el CEMDA hace una demanda para que el gobierno mexicano comience a construir una base legal e institucional fuerte tanto para mitigar como para lograr la adaptación al cambio climático. Demandamos que en el marco de la integración regional, los países:

-Promuevan una integración regional bajo mecanismos de equidad para el beneficio de todas las partes y en pro de la protección ambiental, pero sobre todo, respetando los principios de desarrollo y seguridad social.

-Brinden una verdadera atención al cambio climático a través de la inversión, promoción y capacitación para una mayor diversificación de fuentes de generación de energía, en donde las energía renovables como las eólicas, geotérmicas, minihidraúlicas (menores de 30MW) y solares sean prioritarias, especialmente considerando el potencial que los países muestran en la materia y respetando los criterios de sustentabilidad (económico, social y ambiental).

-Prohíban la promoción de fuentes de generación de energía con carbón y uranio en este proceso de integración regional.

-Busquen la armonización de estándares y normas de rendimiento vehicular para contrarrestar las emisiones provenientes del sector transporte, especialmente del transporte privado que ha aumentado considerablemente en los últimos años.

-Armonicen estándares para mejorar la calidad de los combustibles, buscando que todos los combustibles en la región tengan un Ultra Bajo contenido de Azufre (UBA) para reducir el negro carbón (black carbon) cuyo impacto al cambio climático es muy alto.

-Promuevan el desarrollo de proyectos de transporte público sustentable en la región, principalmente sistemas de autobuses en carriles confinados (BRT)

-Trabajen en la reducción de la deforestación y en la promoción del manejo sustentable de los bosques.

-Y propicien un debate para la creación de un Programa trilateral de atención al cambio climático respetando principios básicos como el de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.

Estas son sólo algunas medidas que los países deben impulsar de manera tripartita para comenzar a sentar las bases del tratamiento del cambio climático, buscando atender las principales fuentes de emisiones.

 Dicha integración regional debe buscar de igual forma el fortalecimiento de otros procesos paralelos como las negociaciones internacionales en el marco de Naciones Unidas, cuya próxima reunión de las partes en Copenhague, Dinamarca, será de vital importancia para el futuro del tratamiento del cambio climático, en la que los tres países deben participar activamente .

Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M.

claudia @sakbe.com

c.5518506827 t.55256136

www.cemda.org.mx

FUENTE: http://www.cemda.org.mx/artman2/publish/Noticias_30/Demanda_CEMDA_a_Gobierno_Mexicano_la_Construcci_n_de_una_Base_Legal_e_Institucional_para_la_Integraci_n_Regional_en_Materia_de_Cambio_Clim_tico.php


En el Marco del Séptimo Encuentro Internacional del Derecho Ambiental, realizado en octubre de 2008 en la Ciudad de México, el Doctor Genaro David Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que nuestra Constitución  establece en su artículo 4 que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, y en congruencia con este principio fundamental el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, prevé el derecho a que toda persona viva en un ambiente adecuado, no obstante en contra de las leyes y actos de autoridad que violen los principios fundamentales en materia ambiental, el juicio de amparo resulta insuficiente para garantizar el acceso de la justicia de quienes pueden llegar a resentir un daño en su patrimonio jurídico.

Lo anterior obedece a que para la procedencia del juicio de amparo se requiere de acreditarse el interés jurídico. La Corte ha reiterado que para comprobar dicho interés se debe demostrar que se encuentran los sujetos afectados dentro del supuesto normativo de la ley.

Así el juicio de amparo queda limitado a instancia de parte agraviada y a que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral, por tanto las afectaciones deben ser reales y objetivas.

En el caso del daño al medio ambiente, este no solo puede afectar a personas en lo individual, sino en su colectividad, adicionalmente el daño o perjuicio causado no siempre puede determinarse o ser determinable, por lo que en la mayoría de los casos no podría acudirse al amparo cuando el daño ambiental no se concreta  a personas o personas determinables, ya que este solo procede contra leyes o actos de autoridad que causen un agravio personal y directo, lo cual  no solo va en contra de la naturaleza del derecho ambiental, sino de la premisa de que en el cuidado del medio ambiente existe corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad.

La doctrina señala que el derecho a un ambiente sano es subjetivo y colectivo a la vez y está ligado de manera insoluble a la calidad de vida y al derecho a la salud, pero la defensa de ese derecho se torna difícil, ya que la titularidad de ese derecho por la afectación y en su caso la protección de futuras generaciones debería pertenecer a una colectividad representada quizás por el Ministerio Público o regular la figura de la acción popular que existe en algunos países.

Aquí no estamos hablando solamente de la protección por el daño, en la que se especializa nuestro derecho al menos en el papel, sino el evitarlo o prevenirlo, recordemos que los daños ambientales casi en su mayoría son irreversibles o sus efectos son prologados y no existe capital suficiente para repararlos.

El derecho a un ambiente sano debería ser un derecho colectivo y de protección internacional, ya que los daños y consecuencias no son locales, la contaminación y degradación del ambiente no reconoce fronteras políticas, para ellas no existe la soberanía.

FUENTE: http://blogs.cnnexpansion.com/consultorio-fiscal-y-juridico/?p=23


En el umbral del tercer milenio surgen y se plantean los más variados requerimientos en una sociedad cargada de situaciones complejas. La formación ambiental general, y jurídica en particular, es uno de los requerimientos a los que habrá que responder adecuadamente en los próximos años si se pretende alcanzar un desarrollo sostenible y sólido. La relación del ser humano con su entorno ha ido variando, y los efectos que producen sus distintas actividades son cada vez más intensos. Han aumentado las cantidades, las composiciones de los productos, los procesos industriales, la incidencia humana. Estos impactos debilitan los ecosistemas y alteran el regular desarrollo de las especies animales y vegetales que en ellos habitan. Consecuentemente, la calidad de vida del ser humano se afecta de diferentes formas. La escala, complejidad, intensidad y continuidad de las afecciones, así como la urgencia para resolver las situaciones que se presentan, exige contar con profesionales formados que conozcan la realidad ambiental y sepan cuándo, cómo, dónde y por qué se debe aplicar una disposición jurídica de carácter ambiental. La ignorancia técnica y jurídica es un riesgo y deriva, casi siempre, en una afección directa a los recursos naturales. La comprensión de los problemas ambientales deviene de una formación completa, formación que facilita la percepción inmediata de la situación en sí misma y dentro del conjunto de interrelaciones que interactúan en la realidad. Percibir con inmediatez, captar la verdadera magnitud de las situaciones, saber cuál es la norma aplicable y cuáles son las correlativas y concordantes que también son de aplicación, sólo será posible si la formación es integral y se realiza sobre bases interdisciplinarias. Porque si bien los problemas ambientales son una interacción básica que conjuga esencialmente recursos naturales y población, la problemática jurídica va mucho más allá. Se enlaza, además, la dimensión social, cultural, política, económica… Vínculos que no se perciben fácilmente si no se cuenta con suficiente caudal de conocimientos. Por eso la formación ambiental general, y jurídico ambiental en particular, debe tener necesariamente un enfoque interdisciplinario. En este aspecto, urge un cambio en las actuales estructuras y metodologías. La materia jurídico ambiental debe basarse en programas integrales en los que se conjuguen, con facilidad de aprendizaje, los aspectos técnicos y jurídicos puros en la teoría y en la práctica. Para interpretar las disposiciones jurídicas que regulan las aguas, los suelos, la atmósfera, la flora, la fauna, los riesgos ambientales… es requisito previo indispensable conocer y aprender una serie de temas que integran el capítulo de los aspectos técnicos. Así pues, no deben tenerse por extraños términos tales como clorofluorocarbonos, biodiversidad, mejor tecnología disponible, lixiviados, contaminación, degradación; y, naturalmente, es obligado saber distinguir entre vertido y efluente, inmisión y emisión, prevención y precaución, evaluación del impacto ambiental y estudio de impacto ambiental… La formación integral facilita enormemente una correcta gestión ambiental y puede garantizar resultados óptimos. De esta manera, se estará en condiciones adecuadas para desentrañar el sentido y alcance de las normas ambientales y aplicarlas a los casos concretos. Porque abogados, magistrados, jueces y funcionarios tienen el deber de comprender un cúmulo de aspectos técnicos que la propia naturaleza de los problemas ambientales exigirá que conozcan al momento de interpretar y aplicar el entramado normativo, y para que sepan resolver prudentemente los conflictos jurídico ambientales, sin dejar lugar ni paso a la ignorancia, desconocimiento o riesgo. Se precisa contar con una preparación profesional adecuada de quienes gestionan, proponen y, en definitiva, deciden sobre los recursos naturales. El abogado que tenga formación ambiental plena, y se especialice en un área determinada, estará en condiciones de redactar leyes, defender causas, ser fiscal, juez, mediador, consultor… La formación ambiental, para ser completa, necesita nutrirse de conocimientos tales que faciliten rápidamente el encuentro de la solución óptima, o la menos impactante desde el punto de vista ambiental. El enfoque de la enseñanza jurídico ambiental debe partir de esquemas interdisciplinarios y orientarse hacia las soluciones más apropiadas para la protección de los recursos naturales. Las disposiciones jurídico ambientales son una importante herramienta al servicio de la protección de los recursos naturales. Sin embargo, si no se conocen -o conociéndolas se ignora el enlace legal con otras normas también aplicables- el instrumento jurídico habrá desvanecido su fuerza y así, debilitado, será incapaz de servir a la protección del ambiente. El conocimiento ambiental exige abarcar con amplitud un cúmulo de aspectos que va desde la apreciación y descripción de las características particulares de cada ecosistema –con la correspondiente carga de terminología y conceptos jurídicos y técnicos-, hasta la valoración de la alternativa más correcta en una actuación específica, o el diseño de políticas ambientales, o la opción por una alternativa u otra, o la adopción de una decisión clave. II. Necesidad de formación jurídica ambiental Las universidades, como grandes centros de conocimientos y contactos con otros institutos, deberían aprovechar elimportante potencial del que disponen para poner en marcha, de forma responsable y seria, la incorporación de la variable ambiental en las diferentes asignaturas. Esto significa mejorar métodos, ampliar contenidos, planificar en función de las nuevas realidades, y actualizar los programas universitarios -adaptando a los avances científicos planes y proyectos-, completar la formación del propio claustro en cada centro, y efectivizar el factor interdisciplinario, favoreciendo el enlace de la materia ambiental dentro de cada rama científica y jurídica. Específicamente, la formación en legislación y en Derecho ambiental es imprescindible para que los abogados estén capacitados y sepan dirimir controversias, prevenir riesgos ambientales, reprimir cuando sea necesario, compensar si es posible, hacer efectivos los mandatos constitucionales del deber-derecho a un ambiente digno, alcanzar, en definitiva, el desarrollo sostenible. Desde el conocimiento conjunto de diferentes materias, todas enlazadas, el profesional del Derecho formado en esta disciplina no dudará en relacionar con inmediatez cualquier situación ambiental al conjunto de nexos que con ella se vinculan. El nexo científico surge de modo vertical, vertebrando las relaciones de la ciencia del Derecho con sus pares científicas. Existe también un vínculo más directo, relación que se establece de forma horizontal, permitiendo las recíprocas influencias sectoriales dentro de un mismo estamento científico. Así pues, la ciencia del Derecho enlaza con la agronomía, medicina, física, química, biología, arquitectura, geología, sociología, historia, ingeniería, economía, ciencias de la información…; y también se vincula con sus pares jurídicas, con el Derecho civil, administrativo, penal, agrario, forestal, minero, fiscal, laboral, marítimo, aeronáutico, espacial… La necesaria globalidad en la percepción ambiental de los diferentes casos está dada conforme sea el grado de capacitación adquirida. Por ello, cuanto mayor sea la formación general tanto mejor serán los rendimientos que se obtengan. Es decir, en tanto y en cuanto mejor prepare el abogado su especialización jurídica en relación a los recursos naturales, la alta calidad redundará en la excelencia de sus resultados. La especialización en legislación y en Derecho ambiental brinda una preparación especial por la propia esencia de la materia que incluye, prácticamente, todos los aspectos de la vida. Es la propia necesidad de establecer políticas, planes, programas, y proyectos ambientales, que regulen adecuadamente el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la que alienta los cambios básicos en las estructuras jurídicas administrativas y universitarias. Así pues, las constituciones de casi todos los países han incorporado progresivamente la preocupación por el cuidado de los recursos naturales. Ha surgido una proliferación de normas jurídico ambientales -en ocasiones de caótica y confusa redacción- que es necesario interpretar con corrección para aplicar adecuadamente. Se requieren pues, abogados formados en esta materia, abogados que tengan la globalidad de la problemática ambiental, que no les suponga un esfuerzo el enlace interdisciplinario y que, en definitiva, sepan resolver las situaciones jurídicas en relación al ambiente tal y como se resuelven en el marco del Derecho tradicional. La disciplina jurídico ambiental incorpora nuevas técnicas, procedimientos distintos, intereses especialmente contrapuestos. Tiende a consolidar un perfil diferente de abogados, magistrados, jueces, consultores, conocedores de una realidad integral en la que se conjugan -de forma permanente e indisoluble- aspectos teóricos y prácticos, técnicos y jurídicos, preventivos y represivos. Quienes pretendan trabajar en esta materia deberán asumir previamente el imprescindible enlace científico y jurídico de la disciplina, así como saber que deberán integrar un caudal de conocimientos que va más allá del Derecho tradicional mencionado. Los contenidos y metodologías utilizadas en el desarrollo de las clases, deberán ser adecuadas para los temas que se traten en cada capítulo ambiental. En la formación ambiental los métodos habituales aplicados al desarrollo de las asignaturas “tradicionales” no satisfacen las exigencias de la disciplina ambiental. Es necesario aceptar que esta materia es diferente, y de ahí, asumir que precisa cumplir con un cúmulo de exigencias no siempre fáciles de alcanzar. La carencia en cuanto a la aplicabilidad de métodos se debe a que la singularidad de la ciencia ambiental en sentido amplio, y jurídico ambiental: 1. Requiere un enfoque diferente que, lejos de ocultar las infinitas relaciones existentes, las ponga en evidencia. 2. Exige conocimientos profundos, tanto técnicos como jurídicos, teóricos como prácticos. 3. Necesita una auténtica y permanente vocación interdisciplinaria en el tratamiento de todos los temas. 4. Demanda profesores con plena formación interdisciplinaria, que actualicen permanentemente sus conocimientos. 5. Obliga a contar con métodos, estructuras, organización, y planificación absolutamente coordinada. 6. Reclama soluciones concretas para cada situación ambiental, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. Por tanto y en síntesis es determinante conciliar una serie de aspectos vertebrales: En ningún caso se alejará de la interdisciplinariedad y del permanente enlace entre ciencias y ramas jurídicas. El nexo científico y jurídico es básico, y aprehender esta realidad es fundamental. La formación basada sobre pilares múltiples de conocimiento es compleja y no siempre fácil de alcanzar. Sin embargo, se deben realizar todos los esfuerzos -metodológicos, didácticos, pedagógicos- para que el profesional especialista en la temática ambiental -técnica y jurídica- tenga la solidez necesaria de conocimientos múltiples y, en consecuencia, sea capaz de enfrentarse a los problemas y resolverlos con responsabilidad y seguridad. En ocasiones la falta de organización en las instituciones que imparten estudios superiores, la carencia de profesionales capacitados para impartir asignaturas ambientales, la escasez de recursos técnicos y económicos, entorpece una formación completa. En materia ambiental esta situación se agrava, no sólo porque tales deficiencias retrasan la enseñanza plena, sino además, porque esa demora posterga llenar el vacío que existe en relación a profesionales que conozcan realmente esta temática. Existen diferentes niveles de administraciones públicas que necesitan personal formado en esta materia; incluso los rangos superiores, que tienen la responsabilidad de adoptar decisiones, carecen a veces de la adecuada formación técnica y jurídico ambiental. Todo esto repercute, desde luego, en la necesaria protección del ambiente y conservación del conjunto de recursos naturales. Es, en definitiva, una gestión equívoca (o mala gestión) de la enseñanza ambiental. Esto, además de afectar directamente a los recursos naturales -por carecer de formación adecuada que permita su correcta gestión- propicia el pulular de numerosas personas que, alejadas de una adecuada formación ambiental, corrompen la disciplina haciendo de ésta un bastión puramente comercial, una mercancía extraña que desconoce métodos y didáctica, una mezcla informe de interpretaciones y conclusiones erróneas, que malogran la esencia misma de la enseñanza y deteriora la inquietud inicial de quienes quieren aprender. Son los “mercaderes ambientales” -personas físicas o jurídicas- que asumen la variable ambiental careciendo de los fundamentos de la ciencia ambiental global y jurídica ambiental específicamente. Esto al par de malograr la labor científica y docente, debilita la disciplina ambiental y, lo que es aún más lamentable, decepciona profundamente a quienes tienen verdadera vocación por aprender. En definitiva, degrada la disciplina ambiental y desvía el interés inicial del destinatario. Esta situación existe, en parte, porque instituciones superiores no han asumido plenamente la responsabilidad de incorporar la dimensión jurídico ambiental en sus programas, ofreciendo claustros de calidad, concibiendo programas que no se basen en sucesión de temas sino en coherencia de temas, planificando clases específicas y estableciendo métodos adecuados para la disciplina ambiental con enfoque jurídico. Esto debe reorientarse hacia el logro de un objetivo determinado: formar científicamente en ciencia jurídico ambiental. Formar a futuros formadores está en manos de instituciones oficiales, de colegios profesionales, de organismos que respalden la instrucción que se imparte y los títulos que se expiden. La necesaria incorporación de los aspectos jurídico ambientales puede y debe adaptarse a las distintas realidades, ajustando los programas a las diferentes exigencias en contenidos y carga horaria. Así pues, asumida la gran responsabilidad por los agentes implicados (universidades, colegios profesionales, centros de investigación), es posible aproximar tipos o categorías de formación jurídica ambiental. Los conceptos deben ser transmitidos con gran claridad, didáctica y pedagogía, para poder ser asimilados de forma adecuada. Es fundamental fomentar y favorecer el desarrollo de la actitud cooperativa, para ser capaces de trabajar en equipo. Los modos de impartir la formación ambiental con perspectiva jurídica pueden variar dependiendo de varios factores. El desarrollo de temas generales demandará sesiones de contenidos introductorios; si se pretende una formación más específica, las sesiones deberán ser concretas y especialmente definidas. En ambos casos, generales o específicos, debe atenderse al factor interdisciplinario, base de toda formación ambiental. Además, debe atenderse a la duración de las actividades y distribución de días y horas, cuando se trate de actividades generales o monográficas. Es importante, asimismo, considerar y valorar algunos aislados esfuerzos que se están realizando para introducir la disciplina ambiental en las áreas jurídicas. Los progresos son lentos; quizás demasiado lentos, parsimoniosos y burocráticos. Sin embargo, esa experiencia tendrá que demostrar qué materias, temas generales y específicos, métodos, y organización es la más adecuada para una efectiva incorporación en universidades y centros de altos estudios, estimando lo más conveniente para cada grupo de participantes a fin de alcanzar una formación jurídica ambiental plena. Las actividades cuyo objetivo final es la formación ambiental deben extremar el cuidado en la selección del claustro de profesores. La variedad de temas que confluyen es particularmente diversa, y los especialistas en las diferentes áreas tienen la obligación de impartir sus clases con profundo conocimiento de los distintos aspectos en cada bloque temático, capacidad de enlace, fluidez de terminología específica, oratoria, actualización, y con la didáctica que requiere la materia ambiental, tan compleja y delicada como los propios sistemas naturales a los que hace referencia. Existen algunos programas de muy variado contenido -atractivos incluso- pero que están lejos de captar con globalidad y metodología las posibilidades de la materia ambiental. No es sencillo. Tampoco fácil. Por eso se debe imponer la cautela en el diseño de programas, de estrategias formativas, de selección del claustro de profesores. En esta materia confluyen todas las áreas del saber; cada cual desde su perspectiva se “instala” en lo ambiental. Las normas jurídico ambientales también. Las leyes ambientales, es decir, todas las disposiciones jurídicas que regulan la conducta humana en relación al aprovechamiento de los recursos naturales, también reciben la influencia de una serie de conceptos, técnicas, procedimientos especiales que el abogado, el especialista en legislación y en Derecho ambiental debe aprender. Si no se aprende, no se sabe. Si se carece de los conocimientos técnicos imprescindibles, necesarios para la verdadera interpretación de la norma jurídica que regula la cuestión ambiental, mal puede esperarse, entonces, una gestión correcta de los recursos naturales. Una interpretación equívoca (desconocimiento de cuestiones técnicas básicas, de terminología específica) puede conllevar la decisión errónea que, lejos de proteger el ambiente, lo afecte. Los conocimientos, jurídicos y técnicos, se deben planificar y estructurar progresivamente a través de una serie de ejercicios de generalización, de comparación, y de adaptación y aplicación a otras áreas no jurídicas. Por ejemplo, el concepto de cadena alimentaria se puede captar mediante la comparación de diferentes casos. Adaptado a la realidad jurídica, el enlace normativo sobre un mismo aspecto también puede abordarse desde la comparación: legislación sobre contaminación de aguas, necesariamente se deberá conocer el entramado legal general (aguas marinas y continentales, superficiales y subterráneas) y particular (concordantes de la legislación minera, sobre hidrocarburos, industria química, energética…). Si se trata de resolver alguna cuestión jurídica relativa a la gestión de residuos, se abordará también la solución desde la biología (salud e higiene), sociología (mano de obra), economía (costes de recuperación). Además, se deben conjugar los aspectos teóricos con los prácticos. No es posible poner en práctica lo que no se ha conocido previamente. Si la base teórica es débil, en la práctica la resolución de casos concretos, será frágil. Ignorante aquél que piense y crea que esta disciplina se estudia en un par de cursos. Como tampoco de un día para otro. Se han de conocer procedimientos, prácticas empresariales, estadísticas de mercado, estrategias fiscales, movimiento poblacional, crecimiento demográfico, causas de erosión, principios, responsabilidades, sanciones, penas, multas… Es importante aceptar que la materia ambiental demanda gran aptitud de aprehensión teórica y especial capacidad de aplicación concreta en la práctica. La inmediatez en la captación del problema ambiental es determinante. Esta percepción se nutre de teoría y de práctica. La materia jurídico ambiental es diferente. No es más importante ni menos trascendente que otras disciplinas. Lleva intrínseca la voluntad de colaboración al hacer partícipes y participar en y con otras ramas científicas y jurídicas. Es demasiado delicada y, precisamente por tal característica, el abogado, el especialista en legislación y en Derecho ambiental, y todos quienes tengan la posibilidad de participar y trabajar de alguna manera en esta disciplina, tienen la extraordinaria responsabilidad de hacerlo bien, con destreza, con maestría, con seguridad y excelencia. El especialista en esta materia debe saber “navegar” por “mares” de leyes, principios, sanciones, y tendrá la habilidad de realizar las conexiones normativas precisas para cada caso. El profesional plenamente formado en el área jurídico ambiental contará con un bagaje intelectual particular, con un caudal de conocimientos que no se agota y que hay que alimentar permanentemente. Deviene, por tanto, la actualización de la información recibida. Ponerse al día en cuestión de leyes, competencias, datos, estadísticas, procedimientos, sentencias… Renovar el arcón bibliográfico, renovarse de forma permanente y en todos los bloques temáticos que confluyen en la dimensión ambiental, demanda un gran esfuerzo. En la disciplina jurídico ambiental se conjugan temas diferentes (aguas, suelos, atmósfera, flora, fauna, espacios naturales, riesgos, impacto ambiental, ordenación del territorio, planificación, urbanismo…), también distintos niveles competenciales (internacional, europeo, comunitario, autonómico, local), desiguales intereses (ambientales, económicos, culturales, políticos, sociales…), variados agentes implicados (industriales, ecologistas, consumidores…). Todo, en conjunto, debe ser captado por el especialista en legislación y en Derecho ambiental en el momento de enfrentarse a cada caso concreto. La inmediatez y aprehensión integral del problema planteado evitará crear situaciones de incertidumbre -se alejará el riesgo- y podrá garantizarse el éxito de los resultados. Esta capacidad se tiene una vez que se conocen y valoran las numerosas relaciones existentes entre los ecosistemas, y se sabe cúal es la norma jurídica ambiental aplicable. Esa conjunción de conocimientos técnicos y jurídicos provee al abogado de la herramienta más eficaz que permitirá abordar y dar solución a los problemas ambientales. Es esa capacidad integral la que brinda la solvencia intelectual necesaria para realizar asesoramiento a empresas, dar respuestas a industriales, resolver los casos en el ámbito de la justicia. Es conveniente formar una nueva generación de profesores, profesionales capacitados desde de la interdisciplinariedad que enseñen legislación, jurisprudencia y Derecho ambiental con la seguridad que respalda un enfoque comprensivo de la realidad. Esta estrategia conducirá a la solución de problemas ambientales, minimizándose el margen de duda o riesgo en el momento de la adopción de decisiones. El estudio de la vertiente jurídico ambiental requiere la integración de múltiples disciplinas en los programas de estudio. En algunos casos la intervención de una disciplina puede no ser necesaria -depende de las realidades-, no obstante, en otros puede que sea la protagonista. Los distintos enfoques deben combinarse, sin embargo no es conveniente que cada materia pierda su particularidad que la hace singular. Cada materia puede mantener un enfoque riguroso pero, a ser posible, deberá tender a ser no rígido. Pero, además, exige la participación activa de todos los destinatarios. Para alcanzar esa participación primero es necesario formar informando, proporcionando datos, conocimientos jurídicos y técnicos, y fomentar la capacidad de respuesta frente a las situaciones ambientales. III. De la teoría a la práctica La formación jurídica desde el campo ambiental debe, necesariamente, partir de aspectos teóricos conceptuales y terminológicos específicos sobre la base de programas multidisciplinarios integrados. Para estar en condiciones de participar activamente en las cuestiones jurídico ambientales, como consultor, asesor, profesor, abogado, juez, magistrado, fiscal es necesario tener: *algo que decir * voluntad de hacerlo * medios necesarios * información adecuada * conocimientos sólidos * profunda responsabilidad Es decir, hay que estar formado en la teoría para su aplicación en la práctica. Un auténtico proyecto de protección jurídica ambiental no será posible si no se capta integralmente la realidad natural en primera instancia y la normativa aplicable en segundo lugar. Ambos aspectos deben ir necesariamente juntos, adaptando el orden metodológico según sean las características del grupo receptor de tales conocimientos. Una vez que se aprende la práctica desde la teoría, es posible aplicar la teoría desde la práctica Teoría y práctica, didáctica y pedagogía bien aplicadas, preparan al profesional para que sea capaz de captar las realidades ambientales -jurídicas y naturales- y de demostrar la validez de sus observaciones, análisis legales, explicaciones, conclusiones, opción civil, penal o administrativa en la alternativa de solución escogida. El trabajo de consultoría jurídica ambiental debe partir de la identificación total del problema en la realidad, para saber cuál es o cuáles son las disposiciones aplicables. Por tanto, desde la teoría del caso (definición del problema ambiental, ámbito de actuación, organismos competentes, procesos industriales, sustancias que intervienen…) se pasará a la práctica (ley aplicable, nivel internacional, estatal, autonómico, local, análisis de las tecnologías, competencias administrativas…) para resolver el problema. Sería absurdo pretender abordar la resolución de problemas jurídico ambientales sin previamente conocer la teoría del conjunto de situaciones que convergen en cada situación. A través del conocimiento de los recursos naturales sobre el terreno es posible identificar las numerosas relaciones y vínculos existentes entre seres humanos y Naturaleza, nexos culturales, políticos, organizativos, afectivos, sociales, jurídicos… Los temas pueden ser generales o más específicos, y en ambos casos es necesario el previo desarrollo teórico seguido de la práctica. Por ejemplo, la visita a una planta depuradora, a una central hidroeléctrica o a un vertedero controlado de residuos puede desarrollarse en dos etapas claramente definidas: 1. Teoría: 1.1. Descripción de la instalación 1.2. Análisis de la situación actual, técnica y legal 1.3. Análisis de los posibles conflictos 1.4. Conocimiento de las repercusiones ambientales 1.5. Advertencia sobre riesgos ambientales 1.6. Diseño de alternativas 2. Práctica: 2.1. Desarrollo de estrategias de actuación 2.2. Implementación de un sistema de calidad 2.3. Presentación de alternativas de solución 2.4. Posible evolución si no se actuase preventivamente 2.5. Legislación aplicable 2.6. Descripción de los derechos y obligaciones 2.7. Elección de la alternativa 2.8. Posibles responsabilidades (civil, penal, administrativa) Teoría y práctica no pueden separarse. Las prácticas jurídicas pueden consistir en desarrollo de juicios, redacción de una declaración de impacto ambiental, informes jurídicos sobre alguna ley, respuestas a consultas… La resolución concreta (práctica) de problemas se puede abordar siguiendo un esquema guía: 1. Identificación de la situación 2. Planteamiento de la problemática 3. Análisis de los diferentes problemas derivados 4. Búsqueda de distintos tipos de soluciones 5. Evaluación y opción por soluciones alternativas 6. Planificación de las actuaciones 7. Ejecución de las acciones En los casos de problemas urbanísticos, por ejemplo, es evidente la confluencia de disciplinas diversas: demografía, sociología, arquitectura, estética, psicología, ordenación y planificación territorial, Derecho… y es en estas situaciones donde surge con mayor claridad el indiscutible vínculo de la teoría y la práctica. Así pues, se requiere conocer un cúmulo de conceptos teóricos, estadísticos, técnicos, jurídicos… para discernir la fórmula más eficaz que propicie una ordenación urbanística racional. Lo mismo sucede si se trata, verbigracia, de alguna situación de contaminación en suelo, agua o atmósfera, es notoria la necesaria reunión de materias y especialistas en cada una de ellas: química, física, biología, geología, geografía, Derecho… siendo palpable la conjunción de teoría y práctica. Los conceptos teóricos básicos para la comprensión de la situación y la habilidad para desgajar la ley aplicable se enlaza con las posibles repercusiones sociales, culturales y económicas (bajada de precios, cierre de fábricas, aumento sustancial del paro…) que se derivan de la situación de contaminación. El abogado ambiental debe conocer la teoría y la práctica de la realidad jurídica que afecta a los recursos naturales, y tiene la obligación de saber y recordar que las aportaciones teóricas desde cada disciplina convergen para captar las diferentes facetas prácticas de cada fenómeno. El especialista en la materia, es decir, la persona que cuenta con sólidos conocimientos jurídico ambientales y con un amplio marco de referencia basado en la preparación continuada, es el que posee la teoría (vocabulario, instrumentos) de otras ciencias (biología, arquitectura, medicina, matemática, física, química… ), y la práctica del ejercicio diario de la profesión de abogado. IV. Formar al formador Existen numerosos problemas concernientes al entorno; puede decirse que, en parte, estos problemas se deben al hecho de que muy pocos profesionales están formados (preparados) para enfrentarse, abordar y resolver eficazmente problemas ambientales complejos y concretos. Como señaló Columela, es necesario saber, querer y poder; sin embargo el ser humano ha invertido imprudentemente esta progresión lógica, porque puede, pero no quiere, porque no sabe qué es lo que quiere. Tal vez, la formación tradicional sectorial y rígida ha propiciado una preparación pobre que impide a las personas saber afrontar la cambiante complejidad de la realidad. En efecto, los problemas ambientales son complejos, son difíciles de resolver y no hay suficientes profesionales capacitados para solucionarlos desde el trabajo en equipo, esto hace que los individuos claudiquen frente a las dificultades porque no saben integrar la diversidad de aspectos que confluyen para la adecuada solución de problemas ambientales. La ausencia de conocimientos y de enfoques adecuados dificultan la gestión técnica y limitan la protección jurídica de los recursos naturales. Ahora bien, ¿quién forma al formador?, ¿dónde se forma al formador?, ¿cómo se forma al formador? Este tema está directamente relacionado con las alternativas sugeridas en el punto IV. Es decir, el formador ¿deberá estar capacitado para dictar una asignatura cuatrimestral o anual sobre Iniciación a la legislación y al Derecho Ambiental?, o en su caso, ¿deberá capacitarse a los actuales profesores de los distintos Derechos para que conozcan y apliquen la vertiente ambiental dentro de su asignatura? En uno u otro caso, ante todo se ha de formar a quienes sean responsables de dictar esta compleja visión del Derecho, el Derecho Ambiental. En este aspecto quien sea decisor debe también contar con un mínimo de formación jurídico ambiental. Difícilmente comprenderá la variable quien no conozca la compleja realidad de esta disciplina, y comprendiéndola, obre en consecuencia. La formación jurídico ambiental requiere de esfuerzos especiales y, aunque la implementación de planes de capacitación puede variar de una a otra institución y de un país a otro, hay aspectos imprescindibles que son básicos: teoría junto a práctica, métodos preventivos, capacidad de captación global, didáctica y pedagogía, interdisciplinariedad. La necesidad de profesores especializados en los aspectos jurídicos de la variable ambiental, es decir la demanda de este tipo de expertos, existe tanto a nivel de países desarrollados como en desarrollo. Es un vacío que hay que llenar. Pero no con cualquier formación. No es posible leer un texto y “convertirse” en profesor o experto capacitado para impartir temas jurídico ambientales. Es más complejo y serio. En el Informe final de la Conferencia de Tbilisi (1977) se señala que “la formación de personal cualificado se considera una actividad prioritaria. Tanto en la formación inicial, como en la formación permanente del profesorado, tiene el propósito de conseguir que los profesionales de la enseñanza reglada, así como los organizadores de la enseñanza no reglada de jóvenes y adultos, personal administrativo y expertos en planificación educativa e investigadores conozcan los temas relacionados con el ambiente, así como las directrices pedagógicas y metodológicas.” Para alcanzar niveles adecuados de formación del abogado docente será imprescindible, como cuestión primera entre las más urgentes, convencer a los responsables de centros de estudios superiores de la necesidad de una formación sólida y completa en temas de legislación y Derecho ambiental. Lamentablemente existen muchos responsables de políticas y programas de formación, así como formadores de futuros formadores, que desconocen la necesidad de abordar y desarrollar estos temas con asignación de tiempo suficiente, metodologías y prácticas adecuadas, programas que ofrezcan la formación más completa para esta compleja vertiente del Derecho. El licenciado en Derecho, el abogado, el jurista que pretenda formar a formadores, deberá antes conocer de la variable ambiental en general, saber de los aspectos jurídicos particulares que confluyen en cada caso, apreciar las permanentes interrelaciones que existen en la realidad natural y jurídica. Deberá valorar las metodologías más adecuadas para conseguir el objetivo fijado, las estrategias a la hora de fijar metas… En fin, el docente jurídico ambiental debe dominar la materia que imparte, y ser competente en el análisis de los problemas ambientales, sabiendo determinar en cada caso los principios jurídicos y las leyes que están en juego; competente para la percepción de las posibles consecuencias que se derivarán de la aplicación de una ley u otra, o ambas; competente para predecir probables consecuencias ambientales de posibles soluciones alternativas. Un profesional formado en la vertiente jurídico ambiental tiene el deber de conocer e interpretar las leyes, la jurisprudencia, la bibliografía de referencia más útil para cada caso en particular; tiene el deber de saber transmitir y aplicar lo principales conceptos, procedimientos, técnicas, metodologías, análisis jurídicos. Sabrá, además, preparar los programas, planificar el desarrollo de los temas, actuar como asesor y formar futuros asesores. La dinámica propia del Derecho obliga, a quienes impartan legislación y Derecho ambiental, a actualizarse de forma continuada de modo que su preparación inicial se alimente permanentemente a través de la realización de cursos y seminarios de actualización jurídica. El profesor que aborde temas jurídico ambientales deberá tener claro que es prioridad reflejar y subrayar el aspecto interdisciplinario, el que sólo podrá asumir si cuenta con conocimiento general de los problemas ambientales, ecología básica, gestión de recursos naturales, técnicas de investigación, identificación y evaluación. Deberán dominar una variedad de técnicas, inventario, análisis, interpretación y evaluación de las leyes ambientales aplicables a cada caso concreto en función de las realidades locales. El abogado que ejerza la actividad docente deberá ser capaz de garantizar no sólo la adquisición de conocimientos del destinatario, sino también la transferencia de ese aprendizaje a la toma de decisiones. El formador debe poner en práctica una nueva metodología de enseñanza, un cambio sustancial de actitud en relación a la transmisión del conocimiento. Todo debe estar perfectamente articulado: planificación, programas, metodología, carga horaria para cada módulo y cada tema dentro del módulo. El profesor de la disciplina jurídico ambiental debe conocer profundamente los temas que imparte, saber responder a las inquietudes planteadas, tener experiencia práctica sobre la realidad y en trabajos de investigación, verdadero interés por la materia que dicta, capacidad de trabajo en equipo, alta disposición para el diálogo, y especial habilidad pedagógica y didáctica. El profesor durante el desarrollo de sus clases no solamente transmite conocimientos, también comunica actitudes, y éstas deben ser acordes a los comportamientos ambientales. El abogado, más allá de la valiosa labor que le cabe en la defensa de las personas y sus intereses, si pretende asumir un papel responsable y serio en materia ambiental, tendrá que formarse en esta disciplina respondiendo a los requerimientos de una sociedad que está demandando profesionales del Derecho que sepan atender las nuevas cuestiones estrechamente vinculadas al conjunto de recursos naturales. El especialista en materia jurídica ambiental no se forma inmediatamente. Necesita tiempo para su preparación, gran cantidad de información veraz, y un caudal de conocimientos científicos teóricos y prácticos suficientes que respalden el resultado final de sus trabajos. Un abogado responsable y adecuadamente formado jamás copiará leyes -las elaborará-, nunca desconocerá las realidades a las que se aplicarán las normas jurídico ambientales, y rechazará siempre el trabajo mediocre, fruto de la falta de preparación. El abogado con formación ambiental es requerido por diferentes instancias, públicas y privadas, nacionales e internacionales. Empresas, industrias, organismos, organizaciones, consultoras, colegios profesionales, centros de investigación, administraciones, ministerios, consejerías, jueces y fiscales incluso, necesitan de asesoramiento y actuación profesional especializada en esta disciplina. Por ello, el abogado ambientalista debe ser, ante todo, crisol aglutinador de aspectos diversos que confluyen en cada caso concreto. Los particulares conocimientos que tiene el abogado ambientalista favorece su situación de competitividad profesional, porque es requerida la participación de abogados con formación en legislación y en Derecho ambiental para el asesoramiento de despachos tradicionales que carecen de estos especialistas, o de grandes despachos que trabajan exclusivamente en esta disciplina, o recientes departamentos en empresas que necesitan contar con apoyo legal ambiental, o de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas van incorporando paulatinamente la variable ambiental, por eso necesitan contar con profesionales que conozcan en profundidad los temas que confluyen en el desarrollo de sus actividades. Las industrias en relación al uso de los recursos naturales tienen responsabilidades que les son propias, con respecto a la gestión adecuada de las repercusiones de sus actividades en el entorno. Tal responsabilidad exige que las empresas cuenten con equipos de profesionales formados para poder enfrentarse a posibles problemas jurídicos. De forma primordial las empresas necesitarán contar con un importante marco de referencia preventivo y corrector, para lo que precisarán de especialistas en las distintas áreas, incluida la jurídica. Especialistas que les asesoren y den respuestas adecuadas y concretas a sus problemas ambientales. Necesitarán conocer cuales son sus problemas reales -tanto presentes como futuros-, saber cómo enfrentarlos, valorar cuáles son las herramientas más eficaces para gestionarlos, prevenirlos o, en su caso, repararlos. Exigirán a estos especialistas que sepan sobre el conjunto de leyes y reglamentos, derechos y obligaciones, tipos de sanciones y multas, demandarán resultados óptimos, conclusiones positivas y soluciones provechosas. Las empresas necesitan cubrir todas sus áreas de riesgos, para esto precisan contar con profesionales que conozcan y definan los aspectos más vulnerables susceptibles de generar incertidumbres. El riesgo empresarial de una equívoca gestión ambiental inicia con estructuras deficientes, procedimientos inadecuados, carencia de política ambiental y, desde luego, falta de profesionales formados que sepan cómo enfrentarse a conflictos técnicos y jurídicos. La gran cantidad y diversidad de leyes sobre los diferentes sectores ambientales exige tener actualizado un conjunto de conocimientos. Por sólo citar el bloque temático residuos, saber sobre la clasificación legal implica, a su vez, conocer el complejo entramado normativo desde el nivel internacional -movimiento transfronterizo de residuos- al nacional, autonómico y local en cuanto a la gestión que corresponde a las autoridades municipales. Como también significa conocer sobre sistemas de gestión, manipulación, inspecciones y controles, sanciones, penas, multas, derechos, obligaciones, responsabilidades… El abogado ambientalista tiene en sus manos una formidable posibilidad de trabajo en equipo, en grupo interdisciplinario y tiene, además, la oportunidad de trabajar en una materia sustancialmente dinámica, compleja, delicada, apasionante, en la que convergen con fluidez y armonía los saberes de las distintas disciplinas. La especialidad del abogado ambientalista va mucho más allá de la tradicional formación jurídica, por eso hay que abordar la decisión de ejercer en legislación y Derecho ambiental desde la cautela científica m ás profunda.


Inicia:
 

Orden de inspección:
La orden de Inspección debe ser Fundada y Motivada, especificar el objeto y alcance de la visita a practicar y la vigencia de la orden y el tiempo máximo que debe durar la visita y sobre la materia o rubro que se inspecciona (Residuos Peligrosos, Impacto y Riesgo Ambiental, Recursos Marinos, Aprovechamiento Forestal, Cambios de Uso de Suelo, Área Natural Protegida, Vida Silvestre y Atmósfera).

 Es importante que el inspeccionado tenga certeza jurídica del acto de molestia que se le va a practicar, el cual debe cumplir con los requisitos esenciales de validez de todo acto jurídico a saber;

 Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y que reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

  • Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;
  • Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;
  • Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;
  • Estar fundado y motivado;
  • Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo;
  • Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;
  • Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;
  • Mencionar el órgano del cual emana;
  • Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;
  • Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;
  • Deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;
  • Ser expedido expresando los preceptos que por ley apliquen al caso concreto.

 Visita de Inspección:
Acto
mediante el cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verifica a personas físicas o morales, públicas o privadas, el cumplimiento de la normatividad ambiental en el ámbito de su competencia (zona de jurisdicción federal), asentando todos los hechos detectados durante la visita en una acta.
 

Verificación de cumplimiento de medidas, estas pueden ser ordenadas:

 a).- A través de un acuerdo

b).- Dictadas en Resolución Administrativa
Acta de inspección.-  Documento en el cual se circunstancian los hechos y omisiones detectados en campo durante la visita de inspección y/o verificación practicada, misma en la que se da el uso de la voz al inspeccionado para manifestar en ese momento sobre los hechos detectados, así como también se le hace saber que tiene 5 días a partir de que se levanta el acta de inspección para manifestar por escrito lo que a su interés legal convenga en relación con los hechos asentados en el acta.

 Derechos y Obligaciones del inspeccionado durante la Visita de Inspección:

Derechos

Obligaciones

El inspector está obligado a identificarse con credencial vigente con fotografía que lo acredite como inspector federal Identificado el personal actuante, Permitirle acceso para que realice la visita de inspección ordenada
El inspector está obligado a entregar el original de la orden de inspección Recibir el original de la orden de inspección
A nombrar dos testigos para que permanezcan durante la diligencia Si no cuenta con ellos, el inspector los designara
Durante la diligencia tiene derecho a Ofrecer y presentar pruebas que estime pertinentes o dentro de los 5 días posteriores al levantamiento del acta Proporcionar la información y documentación que se te requiera durante la inspección
El inspector está obligado a Entregar copia del acta de inspección levantada Recibir copia del acta de inspección levantada

Emplazamiento:

En el supuesto que se hubieren detectado hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción a la legislación ambiental, la PROFEPA emitirá y notificará al inspeccionado, por si o través de su apoderado y/o representante legal el Acuerdo de Emplazamiento, en el que se le hace saber que cuenta con un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, para que ofrezca y presente las pruebas que se consideren pertinentes para desvirtuar y/o corregir los hechos y omisiones circunstanciadas en el acta de visita levantada y en su caso sirvan como atenuante al momento de resolver, estas probanzas pueden ser; publicas o privadas en el caso de documentales privadas se requiere que estén fedatas, esto es que de fe un Notario Público, un Agente del Ministerio Público Federal o personal que la PROFEPA designe de manera expresa para ese fin.

Las pruebas presentadas dentro de los 15 días hábiles se valoran y desahogan conforme a derecho proceda, emitiendo la autoridad el acuerdo que en derecho proceda (admisión o desechamiento de pruebas)

Transcurrido este período se procede al cierre de instrucción (por ley no se admite más pruebas, excepto que éstas fueran supervenientes) y se le otorga al particular el plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del acuerdo,  para que presente por escrito sus alegatos.

 Vencido el plazo para presentar alegatos, la autoridad dentro de los 20 días hábiles siguientes procederá a emitir Resolución Administrativa y notificar a la persona física o moral, pública o privada, la cual contendrá las sanciones y medidas correctivas necesarias que se impongan para corregir las infracciones. 

 Las sanciones se imponen de acuerdo a la materia que se inspecciona; generalizando estas pueden ser de 20 a 50,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, al momento de imponerse la sanción, con excepción en materia de Vida Silvestre y Forestal que la sanción es el al momento de cometerse la infracción.

 Medio de Defensa que tiene el infractor: 

Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes. El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva.

 Los interesados afectados por los actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente, en materia de Vida Silvestre, Forestal, Zona Federal Marítimo Terrestre y Recursos Marinos, podrán interponer el recurso de revisión, o cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Lo anterior, en apego a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente.

 Los infractores podrán solicitar la Conmutación y/o la Reconsideración de Multa al Superior Jerárquico a través de la unidad administrativa que emitió el acto (Delegación que emite la Resolución). 

 De conformidad con la legislación ambiental PROFEPA, tiene la facultad de reconsiderar o conmutar, en ciertos casos, las multas impuestas a aquellas personas físicas o morales, públicas o privadas que hayan sido sancionadas a consecuencia de un procedimiento administrativo.
Estas pueden reconsiderarse o conmutarse solo en aquellos casos que el infractor cumpla con las MC o MUAS (medidas correctivas o de urgente aplicación) o subsane las irregularidades detectadas, en los plazos ordenados, no sea reincidente, y no este en alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.