En Junio del año pasado (2008), de la mano de la reciente reforma al sistema penal, se agrego un parrafo al articulo 21 constitucional: “La imposicion de penas, su modificacion y duracion son propias y exclusivas de la autoridad judicial”. Por otro lado, se modifico el articulo 18 de la constitucion, al hacerle algunas modificaciones, que el propio Dictamen de senadores califico como “cambio de denominacion”. Las variaciones sufridas son muchas pero, sin duda, la que mas ha repercutido es la de la sustitucion de la palabra readaptacion por reinsercion.

El dictamen de senadores es detallado y extenso, enumera y explica las reformas al articulo 18 constitucional, sin embargo, es penoso señalar que no menciona en algun momento el cambio medular: la falta de referencia al sistema penal.

En otras palabras, cuando el nuevo articulo 18 dice: ” Se organizara sobre la base del trabajo, la capacitacion para el mismo, la educacion, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinsercion del sentenciado a la sociedad…..”, no define las bases del sistema, ya no habla de el, sino que expresamente menciona el sistema penitenciario. ¿ Cual es la trascendencia de esto?, Enseguida se explicara.

Hasta el dia de hoy, cuando de aplicacion, modificacion y ejecucion de penas se trata, vivimos como sistema una situacion particular. Cuando un sujeto es sometido a proceso penal, es el juez quien desde lo judicial y con criterios normativos valora si existe responsabilidad penal y en su caso individualiza la sancion la sancion que debe cumplir el sujeto en particular.

Ahora bien una vez que el individuo este cumpliendo su sentencia, podria desear una modificacion en la pena, si es fuera el caso , ya no acudira ante el juez, sino ante la autoridad administrativa que esta a cargo del sistema penitenciario  y es esta la que una vez escuchados los informes del Consejo tecnico, decidiria otorgar o no la modificacion solicitada.

La ultima decision, como se destaca, se asume al considerar los informes criminologicos y tecnicos que brinda el Consejo, se valora como se desenvuelve el sujeto dentro de la poblacion carcelaria, si estudia, si es agresivo, si practica algun deporte, entre otras cuestiones. Entonces, si recapitulamos podemos decir que: conforme a la regulacion actual, cuando el individuo en reclusion recibe una pena, el castigo es expresion de un reproche penal, es decir, se aplica porque esa persona no respeto el patrimonio de otra. No obstante, cuando ya ha cunplido parte de su condena, si solicita un beneficio penitenciario, se hacen las valoraciones ya mencionadas y dichos criterios son determinantes para decidir la peticion.

Como se advierte, hasta el dia de hoy, uno es el criterio atravez del cual se aplica la pena (judicial-normativo) y otro con el que se le modifica (criminologico-multidisciplinario), al mismo tiempo , una es la autoridad que interviene en el primer caso (la judicial, a cargo del sistema penal) y otra la que modifica lo que ha impuesto el juez (la administrativa, a cargo del sistema penitenciario).

Lo descrito arriba y anteriormente importa una gran incoherencia sistemica, al mismo tiempo que brinda un mensaje encontrado a la sociedad ¿Cual?, el sistema le aplica la pena porque no respeto el patrimonio, pero se la modifica si trabaja, estudia y demas.

Tras la reforma constitucional a los citados articulos  18 y 21 constitucionales, es eso lo que se pretende cambiar,. Hoy, tanto la aplicacion como la modificacion de las sanciones  se haran bajo la autoridad judicial, aunque eso no solo quiere decir que sera necesario crear los pertinentes jueces de ejecucion  de sentencias, sino que tambien implica que la constitucion mande ejecutar las tres tareas (aplicacion, modificacion y duracion) desee la misma perspectiva normativa judicial. En otras palabras, con el mismo criterio que impongo la pena a un sujeto, voy a valorar si es suceptible de modificacion, en el caso particular. este es un cambio medular.

FUENTE: Revista Defensa Penal, Agosto 2009, Autor: Maria Eloisa Quintero, Pag. 12, 13, 14 y 15.


Un sistema de afectacion de bienes se basa, tanto en lo teorico como en lo practico, en diversos elementos de juicio que determinan la estructura y el alcance que habra de tener el propio sistema. El primero de ellos tiene que ver con un instrumento que conlleva dos propositos, los cuales no siempre son coincidentes , ya que el sistema de afectacion de bienes, al que nos referimos, es un procedimiento de castigo, aunque tambien uno de apropiacion publica, lo que quiere decir que tiene intenciones penales y al mismo tiempo fiscales .

El segundo se refiere a aquellos tres factores basicos que permiten el funcionamiento de un sistema de afectacion de bienes. Ellos son la existencia de un delito, de un delincuente y de un bien, . El tercer elemento tiene que ver con las caracteristicas procesales del sistema y, dentro de las posibilidades teoricas y facticas  esto se asocia con que el procedimiento de afectacion de bienes este ligado con conexidad con el procedimiento de imposicion de penas o por el contrario, sea independiente y autonomo del penal.

¿Sistema Penal o Sistema Fiscal?

En la actualidad existen tres modelos esenciales de afectacion de bienes o derechos en favor del Estado. Ellos son la tributacion, expropiacion y el decomiso.

La tributacion es un mecanismo con las siguientes caracteristicas. Muy frecuentemente es autoaplicativa, aunque eso  no es una condicionante. No esta vinculada con ninguna culpa cometida por el afectado, sino con un hecho tributario llamado generador. Su finalidad no es punitiva sino contributiva de los gastos publicos. No conlleva la finalidad a agraviar la capacidad economica del contribuyente sino, antes bien, cuida la posibilidad de no disminuirla, ni mucho menos cancelarla, es unilateral porque no implica obligacion a cargo del Estado, y es gratuita porque no le impone ninguna carga u obligacion. Normalmente se concreta en un acto juridico legislativo.

El segundo mecanismo es la expropiacion, este siempre es Heteroaplicativo y a diferencia del anterior la expropiacion es individual y especial, pero no general. Al igual con la tributacion no tiene vinculacion con culpa alguna cometida por el afectado sino con un motivo determinante del acto juridico determinado causa de utilidad publica. Es bilateral porque implica una obligacion de pago indemnizatoria a cargo del Estado, por eso mismo es tambien onerosa. Siempre se concreta con un acto juridico administrativo.

El tercero de los mecanismos fundamentales de afectacion de bienes o derechos es el decomiso. Este tiene un paso procedimental administrativo, precautorio y provisional, que es el aseguramiento. El decomiso penal equivaldria a la adjudicacion civil y el aseguramiento corresponderia al embargo. Esta forma decomisiva de afectacion es lo que, ahora, con una serie de variantes, se ha empezado a denominar extincion de dominio.

Este sistema siempre es heteroaplicativo al  igual que la expropiacion y a diferencia de la tributacion. es individual y especial, no general . A diferencia de la tributacion y la expropiacion, esta si tiene vinculacion con las culpas de lo cometido por el afectado  y por lo tanto tiene ingredientes punitivos. Ademas, esta conlleva a disminuir la capacidad economica del agraviado pero es unilateral por que no implica obligacion alguna a cargo del Estado, por eso mismo es tambien gratuita, siempre se concreta en un acto juridico judicial , aunque su procedimiento inicial de aseguramiento sea un acto administrativo. Ahora bien, un sistema de afectacion como el aseguramiento-decomiso-extincion esta determinado por dos finalidades ineludibles. La primera es de naturaleza punitiva, es un castigo impuesto al delincuente en virtud de su conducta antisocial y antilegal. En ese contexto ademas de ser sometido a una perdida de una parte de su libertad tambien se le somete  a la perdida de una porcion de su patrimonio.

FUENTE: Revista Defensa Penal, Julio 2009, Autor  Jose Elias Romero Apis, pag. 34, 35, 36, 37, 38 y 39


El caso cassez ha sido objeto de noticias en medios, foros academicos y charlas de cafe. El debate principal se redujo a los temas de impunidad y cumplimiento de las obligaciones internacionales; por un lado, se discutia si el traslado de la ciudadana francesa Florence Cassez presuntamente asociada con el delito de secuestro ganaria impunidad ante la posibilidad de que el Presidente sarkozy le otorgara un indulto; por el otro, el hecho de que Mexico ha firmado un tratado internacional que preve el traslado de personas condenadas a su pais de origen.

El presente caso se presente para el debate en boga, asi como para una infinidad de temas juridicos sujetos a discusion.

El que sera objeto versa sobre la falta de una politica exterior por parte de Mexico y como eso provoco la controversia. Antes de entrar en materia es indispensable tener presentes algunos datos:

*El convenio sobre traslado de personas condenadas tambien conocido como el tratado de Estrasburgo, es un acuerdo multilateral del Consejo de Europa al cual Mexico se adhirio.

*Ese tratado internacional tiene por objeto y fin, promover la readaptacion social, al permitir que los reos cumplan su pena en un ambiente que les sea familiar y cerca de sus seres queridos .

*El acuerdo de traslado faculta a los Estados, atravez de sus autoridades correspondientes, a otorgar el indulto a las personas entregadas (articulo 12).

*Uno de los requisitos indispensables para que una persona sea trasladada es que ambos Estados esten de acuerdo (articulo 3 incisos i y f)

*El Estado de condena no puede exigir que esta se prolongue cuando el Estado de cumplimiento la de por terminada (articulo 8, apartado 2)

Existe un mecanismo para que se adapten las penas a los estandares del pais receptor, cuando sean incompatibles con los principios rectores de un sistema de justicia penal (articulo 10, apartado 2).

Al señalar esto en torno al Caso Cassez, nos damos cuenta de la incongruencia derivada de la ratificacion del tratado de Estrasburgo por parte de Mexico. Como se mencionaba, este es el acuerdo del Consejo de Europa, cuyos miembros tienen valores , formas de pensar y principios juridicos homogeneos. Es importante recordar que la Union Europea ha logrado un alto grado de integracion, derivado de esos elementos comunes.

Consecuentemente, resulta logico pensar que exista algun grado de confianza elevado que permita que las autoridades de cada uno de los paises modifiquen sentencias, otorguen indultos y adecuen las penas a los estandares del pais de cumplimiento. Esas cuestiones que en Mexico se entenderian como violaciones a la soberania o una falta de respeto a las resoluciones judiciales no revisten mayor importancia a Europa, por los niveles de entendimiento, tan similares .

Resulta que nuestro pais no comparte dichos valores. Mientras que en francia las penas maximas son de 30 años de prision, aqui aceptamos hasta 70 o mas de encarcelamiento. El debate actual se centra en la posibilidad de que el Presidente de francia otorgue un indulto, alg0 que no seria objeto de controversia entre naciones como Italia, Alemania y el Reino Unido, mientras que en nuestro pais se ve como una violacion a la definitividad de la sentencia penal.

Lo que salta a la vista es que Mexico no debio haber ratificado un Tratado con consecuencias que no estaba dispuesto a aceptar.

Quiza hubiera sido mas congruente firmar un acuerdo de esa naturaleza con paises de America Latina, con quienes compartimos valores mas cercanos, por lo menos, tenemos una Convencion Americana de derechos humanos, que establece estandares minimos en materia penal y penitenciaria, asi como otros acuerdos complementarios a la misma, como el protocolo que prohibe la pena de muerte.

POLITICA EXTERIOR MEXICANA EN MATERIA PENAL

Es fundamental que la politica exterior de nuestro pais considere factores adicionales para ratificar tratados. En materia Penal y Penitenciaria, eso implica contrastar las disposiciones obligatorias de los convenios que se firman, con los principios de los sistemas penal y penitenciario del pais o paises con los que se celebra el acuerdo internacional. Al tomar como ejemplo el caso Cassez , se debieron formular las siguientes preguntas:

*¿Mexico estaria dispuesto a que un pais Europeo otorgue indultos por sentencias dictadas por los tribunales nacionales, con base en los estandares y requisitos de la propia ley extranjera?

*¿Mexico aceptaria que alguna autoridad administrativa redujera una pena de prision elevada de 60 años, en el caso particular , con base en la proporcionalidad que rige en el pais europeo (aproximadamente 20 años en el caso Cassez)?

*¿Las formas de preliberacion vigentes en Francia y el resto de Europa son aceptadas en Mexico?

En general si Mexico no acepta estas obligaciones nunca debio haber firmado el Tratado de Estrasburgo.

es cierto que el tratado de estrasburgo prevee que deben de estar de acuerdo el estado de condena y el estado de cumplimiento en el traslado del reo, pero eso tambien tiene consecuencias para nuestra politica exterior.

La impresion que da Mexico es que no esta dispuesto a cumplir con sus obligaciones internacionales o, en el mejor de los casos, que empleara las clausulas de excepcion para eludir dichos compromisos.

los escepticos del derecho Internacional señalaria que en este sistema no hay sanciones, por lo que Mexico podria incumplir sin consecuencia alguna. Sin tomar en cuenta los mecanismos jurisdiccionales para hacer valer las normas internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, debemos considerar que existe un sistema de consecuencias informales o controles sociales entre Estados. Como el de reciprocidad, que esta basado en la nocion de que los Estados son juridicamente iguales.

asi, se puede llegar a la conclusion de que Mexico esta mermando sus relaciones internacionales con el Consejo de Europa. Pensando a futuro, no solamente Francia, sino todos los miembros del consejo de Europa podran alegar que en reciprocidad, no se traslade un reo mexicano.

Ademas, si el objeto y fin de este acuerdo es la readaptacion social del individuo, estas negativas de traslado terminan afectando a las personas sijeto del proceso, al impedirles beneficiarse de la posibilidad de cumplir su pena en un entorno familiar.

El caso Cassez tiene muchas aristas. Lo que aqui se exploro se relaciona con la politica exterior, en concreto, en lo que se refiere a la falta de criterios para determinar que tratados Internacionales se deben firmar y ratificar. Asimismo se ha ilustrado como estas deficiencias tienen consecuencias en un caso particular y posiblemente repercusiones a futuro.

FUENTE: Revista Defensa Penal, Julio 2009, Autor Javier Donde Matute, Pag. 12, 13, 14, 15, 16 y 17


En México, nuestro máximo ordenamiento legal preve la pena de muerte, para los delitos más graves, en su artículo 22 el cual establece:

“Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascedentales.

No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso de enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no se acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”.

Lo anterior nos muestra como la pena de muerte se encuentra vigente en nuestra legislación contrariamente a lo que afirman aquellos que aseguran que esta sanción se encuentra abolida en nuetro país, aun cuando en algunos estados la suprimieron siguiendo las reformas hechas a la legislación sustantiva penal de 1929; algunos de ellos restableciéndola posteriormente.

El artículo 22 Constitucional queda completamentado y sin lugar a dudas con el artículo 14 del mismo Ordenamiento, que establece:

“A ninguna ley se dara efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho…

Esto quiere decir que la única forma legalmente autorizada a privar de la vida implica como condición necesaria la debida existencia de un proceso legal y que después de cumplirse todas las formalidades de ley, éste culmine con una sentencia firme pronunciada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca dicha pena dictada con antelación a la comisión del ilícito, luego entonces la pena de muerte se encuentra vigente en México..

Ahora bien, la razón de ser del artículo 22 Constitucional la encontramos en el Diario de Debates de 1917, en el que la Comisión Dictaminadora sostenía que:

“La vida de una sociedad implica el respeto de todos los asociados hacia el mantenimiento permanente de las condiciones necesarias para la coexistencia de los derechos del hombre. Mientras el individuo se limite a procurar la satisfacción de todos sus deseos sin menoscabar el derecho que los demás tienen para hacer lo mismo, nadie puede intervenir en su conducta; pero desde el momento que, por una agresión al derecho de otro, perturba esas condiciones de coexistencia, el interés del agraviado y la sociedad se unen para justificar que se limite la actividad del culpable en cuanto sea necesario para prevenir nuevas agresiones, La extensión de este derecho de castigo que tiene la sociedad esta determinada por el carácter y la naturaleza de los asociados, y puede llegar hasta la aplicación de la pena de muerte si sólo con esta medida puede quedar garantizada la seguridad social. Que la Humanidad no ha alcanzado el grado de perfeción necesario para considerarse inútil la pena de muerte, lo prueba el hecho de que la mayor parte de los países donde ha llegado a abolirse, ha sido necesario restablecerla poco tiempo después. Los partidarios y abolicionistas de la pena capital concuerdan en un punto: que desaparecerá esta pena con el progreso de la razón, la dulcificación de las costumbres y el desarrollo de la reforma penitenciaria”.29

La pena de muerte por lo tanto se encuentra vigente en nuestro país, esta prevista para los delitos más graves que se cometen y aun cuando algunos de ellos sean de difícil perpetración debido a la situación actual del país o bien porque se les haya cambiado el título en el Código penal para el Distrito Federal vigente, como lo es el caso del delito de parricidio.

Actualmente es necesaria su aplicación, pues esta claramente demostrado que desde que no se aplica, la delincuencia ha rebasado límites inimaginables, sólo basta con leer cualquiera de los periodicos que circulan diariamente por la ciudad; a causa de la delincuencia tan crecida, los demás ciudadanos han perdido sus derechos o garantias, tales como el:

derecho a la libertad, pues tenemos que permanecer “presos” en nuestras propias casas, negocios, escuelas etc.;

el derecho a la seguridad , pues aun encerrados bajo las cerraduras de sus casas, rejas de los negocios, automóviles etc. no se encuentra la tan buscada seguridad,

pero sobre todo el derecho a la vida, pues como es bien conocido, infinidad de personas son actualmente privadas de la vida en circunstancias que no habría jamás imaginado ningun ser racional.

Ahora bien, cuando el homicida es detenido, lo primero que debe hacer el Estado es respetar los derechos humanos de tal individuo para someterlo a un proceso, no obstante que lo que dio origen a ese proceso haya sido la violación del derecho a la vida de un semejante por parte por parte de ese individuo;lo cual se podría traducir en que si el Estado protege sólo el derecho a la vida del delincuente, aquel se convierte en cómpice de éste , toda vez que la sociedad que el Estado representa y de la que forma parte, está siendo afectada individual y generalmente, y tiene por otra parte todo el derecho de deshacerse de un individuo para quien al decir de su acto delictuoso el derecho a la vida no existe o no le merece la menor importancia y por lo tanto al privar de la vida a una célula de la sociedad destruye a ésta y a la vez al mismo Estado, por lo cual resulta necesaria la aplicación de la pena de muerte en nuestro país a quienes cometen el delito de homicidio con alevosia, premeditación o ventaja, como lo dispone el artículo 22 Constitucional, es decir para el homicidio agravado o calificado.